La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este miércoles nuevos elementos vinculados a gastos realizados durante su estadía en el country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires.
Un testigo declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete extendió el alquiler de una casa en Indio Cuá y realizó más pagos en efectivo.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó este miércoles nuevos elementos vinculados a gastos realizados durante su estadía en el country Indio Cuá, en la provincia de Buenos Aires.
La información surgió luego de la declaración testimonial de José Luis Rodríguez, propietario de la vivienda que el funcionario alquiló junto a su familia mientras se realizaban refacciones en otra propiedad adquirida dentro del mismo barrio privado.
Según trascendió de fuentes judiciales, el hombre aseguró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el contrato de alquiler se extendió de manera informal durante tres meses más debido a demoras en las obras de remodelación. De acuerdo a ese testimonio, Adorni habría abonado otros u$s2.400 adicionales.
La Justicia ya tenía registrado que el funcionario había desembolsado cerca de u$s13.000 por el alquiler de la propiedad mientras avanzaban los trabajos en la casa que compró en el country.
Durante su declaración, Rodríguez también afirmó que ya había alquilado anteriormente la vivienda a Adorni. Según explicó, ambas partes firmaron un contrato temporal en octubre de 2023 y el entonces vocero presidencial habría utilizado la propiedad durante el verano de 2024 por un monto cercano a u$s5.600.
Siempre según el testimonio incorporado a la causa, los pagos se habrían realizado “en efectivo y en moneda extranjera”.
El expediente, que investiga presunto enriquecimiento ilícito y posibles incompatibilidades en la función pública, ya había sumado días atrás la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró haber cobrado u$s245.000 por la remodelación integral de la vivienda ubicada en Indio Cuá.
La causa también incluye el análisis de gastos vinculados al departamento que la familia posee en Caballito, movimientos con criptomonedas y distintas medidas ordenadas por el juez federal Ariel Lijo para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y su entorno familiar.
JC