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El exjefe de Gabinete respondió el requerimiento del fiscal Pollicita y atribuyó los dólares cuestionados a operaciones con bitcoins.
Manuel Adorni presentó ante la Justicia, al filo del vencimiento del plazo, un escrito de 77 páginas para justificar la evolución de su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue realizada por su abogado, Matías Ledesma, en respuesta a los 20 puntos planteados por el fiscal Pollicita.
Como argumento central, la defensa sostiene que “no existe enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación” y que las operaciones cuestionadas cuentan con documentación de respaldo. Según el escrito, gran parte de los fondos observados proviene de operaciones con bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes del ingreso de Adorni a la función pública.
Uno de los principales puntos analizados fueron los dólares declarados en efectivo. Según la presentación, Adorni informó u$s565.000 al inicio de 2023, u$s513.000 al cierre de ese año y u$s388.961,52 al finalizar 2024, bajo el concepto de “venta de activos”.
La defensa sostiene que esos fondos surgieron de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin, cuyas operaciones habrían representado u$s591.544,61. Las billeteras fueron utilizadas entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no tendrían saldo.
Los abogados señalaron que los bitcoins fueron adquiridos con ahorros provenientes de la actividad privada de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La mayor inversión habría sido de u$s199.883,20 durante 2017.
Para acreditar la titularidad de las billeteras, la defensa afirmó que Adorni firmó mensajes utilizando las claves privadas de las ocho direcciones ante un escribano y entregó esas claves en un sobre cerrado y lacrado.
Otro de los puntos cuestionados fue la compra y remodelación de la vivienda en el Country Indio Cuá. La defensa sostuvo que el terreno costó u$s120.000: u$s100.000 mediante un mutuo con garantía hipotecaria y los u$s20.000 restantes en efectivo.
Respecto de la obra, afirmó que el monto efectivamente entregado al contratista Matías Tabar fue de u$s175.000 y cuestionó inconsistencias en las planillas presentadas. Según sus cálculos, una de ellas arrojaría u$s285.929 y no u$s245.929.
Además, señaló que una valuación técnica realizada por un arquitecto estimó el costo de la obra en u$s174.954,58.
La defensa también reconoció rectificaciones en las declaraciones juradas patrimoniales y sostuvo que fueron realizadas antes del requerimiento fiscal. Sobre la diferencia patrimonial, cuestionó la metodología utilizada por la Fiscalía y afirmó que la brecha puede explicarse con la documentación presentada y partidas pendientes de conciliación.
El requerimiento fiscal había calculado ingresos lícitos por $229.752.283,20 frente a egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20, con una diferencia de $43.068.549.
Ahora, el fiscal Pollicita y el juez Lijo deberán analizar la documentación y los argumentos de la defensa para determinar los próximos pasos de la investigación.
