El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en el marco de la causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
La Justicia solicitó a ARBA información impositiva sobre la propiedad en el country vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en el marco de la causa que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
La medida apunta a obtener información detallada sobre un lote ubicado en el country Indio Cuá Golf Club, vinculado al funcionario. En ese sentido, la fiscalía solicitó datos sobre el Impuesto Inmobiliario asociado a la propiedad para avanzar en el análisis de sus movimientos económicos.
El requerimiento incluye el detalle de los pagos realizados desde enero de 2022 hasta la actualidad, con fechas, montos y medios utilizados. Además, se pidió la valuación fiscal del inmueble durante ese período, junto con posibles deudas, intereses y planes de regularización.
También se solicitó que el organismo informe cualquier otro dato relevante que pueda surgir de sus registros y que contribuya a la investigación. La causa está delegada bajo el artículo 196 del Código Procesal Penal, lo que permite al Ministerio Público impulsar directamente la recolección de pruebas.
Fuentes cercanas al expediente indicaron que todavía no se concretó el levantamiento formal del secreto fiscal, aunque ARBA avanzará con la recopilación de la información para responder una vez habilitado el acceso.}
La investigación suma otras diligencias sobre bienes en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de contrastar los datos fiscales con los ingresos declarados por el funcionario y su entorno.
En paralelo, este miércoles declarará el hijastro de una de las jubiladas que figuran como prestamistas en la compra de un departamento en Caballito. El testigo fue convocado para aportar detalles sobre la operación y su financiamiento.
Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido por un valor declarado de 230 mil dólares, con un anticipo en efectivo y el resto financiado por las propias vendedoras, un esquema que es analizado por los investigadores.
Por otra parte, el fiscal Gerardo Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata al considerar que no existe un “riesgo real o grave”, aunque dejó abierta la posibilidad de aplicar otras medidas, como restricciones de contacto con testigos.
Además, la Justicia ordenó el peritaje del celular del contratista Matías Tabar para verificar el presunto intercambio de mensajes con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.
JC