La Cámara Federal de Casación Penal confirmó los sobreseimientos de Mauricio Macri y los ex jefes de la AFI, en el marco de la causa Ara San Juan.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes los sobreseimientos de Mauricio Macri, Gustavo Héctor Arribas, Silvia Cristina Majdalani y otros agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en el marco de la causa que investigaba si se espió a familiares de las víctimas del Ara San Juan.
La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Guillermo J. Yacobucci, Angela Ledesma y Mariano Hernán Borinsky. Yacobucci y Borinsky conformaron el voto de la mayoría que hizo hincapié en que el tribunal de la instancia previa realizó un tratamiento concreto y pormenorizado de los hechos ventilados en la causa y descartó debidamente la tipicidad de las conductas investigadas.
En la causa se investigan seis hechos de seguimientos, obtención de información y producción de inteligencia presuntamente ilegal sobre familiares y amigos de los fallecidos en el ARA San Juan y de dos buques pequeros hundidos, El Repunte y El Rigel.
"No pasan inadvertidos ni resultan indiferentes los difíciles momentos atravesados por los familiares y amigos de las personas fallecidas durante el lapso de tiempo transcurrido desde el hundimiento del submarino ARA San Juan –ocurrido el 15 de noviembre de 2017- hasta la actualidad", expresó la sentencia.
Pero ello "no alcanza para tornar ilegales los comportamientos detenidamente examinados" cuando se dictaron los sobreseimientos ahora confirmados por considerar que no hubo delito y que se trató de tareas vinculadas a la seguridad presidencial.
"Es menester que la causa en la que se investiga dicho hundimiento avance definitiva y prontamente hacia una respuesta concreta para los referidos familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes fallecidos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber y al servicio de la patria", concluyó la sentencia.
La causa de espionaje a las familias del ARA San Juan comenzó en septiembre de 2020, cuando Cristina Caamaño, entonces interventora de la AFI, denunció haber encontrado en la agencia de inteligencia partes que daban cuenta de los seguimientos a los familiares.
Ante las pruebas, en diciembre del 2021 el juez federal Martín Bava decidió el procesamiento del expresidente. Días después, Casación forzó el pase de la causa a los tribunales de Comodoro Py.