Fue juzgada en Brasil por un episodio de discriminación racial, recibió una multa destinada a resarcir a tres hombres y deberá cumplir tareas comunitarias antes de regresar a la Argentina.
Agostina Páez, abogada oriunda de Santiago del Estero, regresa a la Argentina tras haber sido juzgada en Brasil por un episodio de discriminación racial. Un fiscal brasileño la acusó por delitos excarcelables y dispuso una sanción económica destinada a resarcir a tres hombres que fueron destinatarios de los gestos denunciados.
Además de la multa, la resolución judicial estableció que Páez deberá cumplir tareas comunitarias como parte de la pena. El caso se originó a partir de un hecho registrado en la vía pública, que derivó en la intervención de la Justicia local.
Según se informó, las sanciones impuestas no implican prisión efectiva, en línea con la calificación legal de los hechos. La causa avanzó bajo la figura de delitos que contemplan este tipo de medidas alternativas.
Tras conocerse la resolución, la abogada se refirió a lo ocurrido y sostuvo: “Fue la peor experiencia de mi vida”. Luego del proceso judicial, Páez quedó en condiciones de regresar al país.
El juicio contra la abogada argentina Agostina Páez por presuntos actos de racismo fue este martes en Brasil, en un proceso que podría derivar en una condena de hasta 15 años de prisión. La mujer está imputada por tres hechos de injuria racial, luego de haber sido registrada en la vía pública realizando gestos racistas dirigidos a empleados de un bar.
La causa avanzó bajo un procedimiento simplificado, una modalidad del sistema judicial brasileño que permite acelerar la resolución de ciertos casos penales.
Según trascendió, los episodios ocurrieron en un espacio público y quedaron documentados en imágenes que circularon ampliamente, lo que derivó en la intervención de la Justicia.
En Brasil, los delitos vinculados al racismo tienen un tratamiento particularmente severo y están contemplados en el Código Penal con penas significativas.
El caso genera repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la nacionalidad de la imputada sino también por el debate que reabre en torno a las conductas discriminatorias y su sanción penal. La definición judicial marcará un precedente en un contexto regional donde crecen las demandas por mayor firmeza frente a este tipo de delitos.