El gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra el vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Silvio Robles, y el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, por conductas que configurarían, entre otros, los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Chats filtrados
Kicillof presentó una denuncia contra Robles y D'Alessandro
El Gobernador bonaerense, Axel Kiciloff, apuntó a posibles delitos de "tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
La presentación se basa en los chats que se conocieron públicamente entre Robles y D' Alessandro, en los que "aparecen menciones directas a la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la disputa en torno al porcentaje de fondos coparticipables a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Axel Kicillof remarcó en su presentación que el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en su disputa con Nación por la cuestión de los recursos coparticipables "habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Ese fallo, que atenta contra el federalismo y la democracia de nuestro país, si bien afecta a todas las provincias argentinas, impacta de modo especialmente negativo en la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta de que resulta la jurisdicción más perjudicada por el sistema de coparticipación federal", explicó el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
En ese marco, destacó que su provincia es "históricamente la más perjudicada". "Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno", agregó Kicillof .
La presentación judicial consta de 14 páginas en las que el gobierno denuncia el accionar de Rosatti, Robles y D'Alessandro, y aporta además como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia.
"Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional. Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires", concluyó Kicillof.
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