El consorcio encabezado por Rowing se quedó con el 90% de las acciones estatales. Legisladores denunciaron posibles irregularidades en la licitación y cuestionaron la valuación.
El Gobierno adjudicó la venta del 90% de las acciones estatales de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por u$s340,2 millones a un consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participacoes SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. La decisión quedó oficializada este jueves mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, aunque la operación quedó bajo cuestionamiento por posibles conflictos de intereses y dudas sobre la valuación de la empresa.
El contrato de compraventa deberá firmarse antes del 13 de noviembre de 2026. Además, la Tesorería General de la Nación tendrá que informar al grupo adjudicatario la cuenta bancaria en la que deberá depositar el monto acordado.
La oferta ganadora superó a la del consorcio integrado por Roggio Roas SAU, Hidrosan Capital SAU, Aguas del Plata Participaciones SA, Benito Roggio e Hijos SA y Central Buen Ayre SA, que propuso u$s285 millones. Según la resolución oficial, la Comisión de Evaluación recomendó elegir la primera propuesta y no recibió impugnaciones dentro del plazo establecido.
La adjudicación abrió interrogantes sobre el proceso. Uno de los puntos señalados es que el monto ofrecido quedó por debajo de los u$s500 millones que el Gobierno había anticipado como referencia para la venta.
También se cuestionaron los vínculos de Rowing con Equo Capital, grupo que reúne a Direct Group y Lógico. Ambas firmas aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones legislativas de 2025, según información de la Cámara Nacional Electoral. Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, señaló esos vínculos en medio de las críticas a la privatización.
En paralelo, cuatro integrantes de la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investiguen las condiciones de la licitación y las tasaciones utilizadas.
Los legisladores cuestionaron que los informes de valuación permanecieran bajo reserva y plantearon dudas sobre la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. La presentación también apuntó a que la valuación quedara en manos de una unidad creada dentro del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
AySA fue incluida entre las empresas sujetas a privatización por la Ley Bases. En julio de 2025, el Decreto 494 autorizó el proceso, mientras que en mayo de 2026 se convocó a una licitación para transferir las acciones estatales a un único operador estratégico.
Las ofertas técnicas se abrieron el 15 de septiembre y ambos consorcios fueron preseleccionados el 5 de octubre. Las propuestas económicas se conocieron el 8 de octubre a través de la plataforma CONTRAT.AR.