18° Buenos Aires Las mismas alcanzan a funcionarios y exautoridades por presuntas irregularidades en créditos del Banco Nación mientras el Gobierno prepara su defensa.
Dos denuncias penales por el otorgamiento de créditos del Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo quedaron radicadas en los juzgados federales de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, lo que abrió un frente judicial para el Gobierno.
Las presentaciones investigan posibles irregularidades en la asignación de préstamos y alcanzan a exautoridades de la entidad, integrantes del Ejecutivo y legisladores. En este contexto, desde la Casa Rosada y el banco trabajan en una respuesta formal para presentar ante la Justicia.
Fuentes oficiales sostienen que los créditos se otorgaron bajo condiciones regulares y sin beneficios especiales. Según esa postura, todas las operaciones cumplieron con los requisitos habituales, incluyendo ingresos comprobables, garantías y capacidad de repago, además de contar con respaldo hipotecario y codeudores.
La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y quedó a cargo de Rafecas. Apunta contra el ex presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y el superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por presuntos delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.
La segunda, impulsada por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón, recayó en el juzgado de Capuchetti. Además de Tillard, incluye a beneficiarios de los créditos como Federico Furiase, Pedro Inchauspe y Felipe Núñez, junto a diputados del oficialismo. El eje está puesto en determinar si existió trato preferencial o conflicto de intereses.
En paralelo, la ministra Sandra Pettovello desplazó a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras su inclusión en el listado de beneficiarios. El funcionario había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones.
Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a criterios internos de gestión.
JC