Este lunes la directora del Banco Nación, Silvina Batakis, decidió desplazar de su puesto a María del Carmen Barros, la gerenta que contrató por un alto salario mensual a la numeróloga Verónica Laura Asad, conocida como "Pitty".
Este lunes la directora del Banco Nación, Silvina Batakis, decidió desplazar de su puesto a María del Carmen Barros, la gerenta que contrató por un alto salario mensual a la numeróloga Verónica Laura Asad, conocida como "Pitty".
Una semana después de que se destara la polémica por su nombramiento, Barros, responsable de la contratación, fue removida de su puesto en la entidad después de una reunión que mantuvo Silvina Batakis con el ministro de Economía, Sergio Massa, quien pidió el despido.
Además, el fin de semana la entidad le había iniciado un sumario a Barros por la contratación de Héctor Javier Silva, exmarido de la titular del BNA Silvina Batakis, como gerente de sistemas y a Juan Pablo Pedemonte, su hijo, para una gerencia en la casa matriz.
En relación a Pitty, la numeróloga sostuvo que se dedica a establecer relaciones ocultas entre números, seres vivos y fuerzas físicas o espirituales y fue contratada en el Banco Nación para brindar esos servicios, lo cual desató un escándalo.
El funcionario del Ministerio Público Fiscal sostuvo que Barros intervino en el ámbito de sus funciones para la contratación de Asad sin tener el aval del directorio para un “un curso de coach” por la suma de $1.800.000.
Asimismo, la diputada nacional Graciela Ocaña, quien impulsó la denuncia penal, aseguró que "la numeróloga ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la ex ejecutiva se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras" y sentenció que "más que un servicio para el Banco, es claro que se trata de un servicio privado para Barros y que lo abonó mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le perteneces a todos los argentinos".
Tras la denuncia que realizó Graciela Ocaña, el fiscal Guillermo Marijuan requirió que se abra una investigación e imputó a Batakis y Barros por los supuestos delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público", "administración fraudulenta" y "peculado".
La causa se tramita en el juzgado federal 9 que subroga la jueza María Eugenia Capuchetti aunque, a raíz de una licencia de unos días que se tomó la magistrada, ese juzgado se encuentra a cargo del juez Rafecas.