La Justicia Federal avanzó con una investigación sobre créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo, en una causa que apunta a detectar posibles irregularidades en el acceso a préstamos hipotecarios.
La Justicia busca determinar si hubo irregularidades en préstamos hipotecarios concedidos a funcionarios y dispuso una revisión integral de la política crediticia.
La Justicia Federal avanzó con una investigación sobre créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo, en una causa que apunta a detectar posibles irregularidades en el acceso a préstamos hipotecarios.
La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y avalada por el juez Ariel Lijo, quien además ordenó la intervención de la Auditoría General de la Nación para realizar un análisis exhaustivo de la política crediticia de la entidad en los últimos años.
El mismo abarca a once personas, entre ellas funcionarios del Ejecutivo, diputados y un trabajador del ámbito legislativo.
La Justicia solicitó al banco la entrega de los legajos completos de los créditos otorgados, con el objetivo de evaluar si se cumplieron los requisitos establecidos y si existieron condiciones diferenciales en comparación con otros solicitantes.
Los préstamos bajo revisión presentan montos superiores al promedio del mercado, con cifras que rondan entre los 200 mil y 315 mil dólares. En ese marco, la investigación busca determinar si hubo una flexibilización de los criterios de otorgamiento, especialmente en casos de funcionarios sin estabilidad laboral permanente.
La pesquisa también pone el foco en la gestión de la entidad y en eventuales cambios normativos que pudieran haber facilitado el acceso a estos créditos. Entre los posibles delitos en análisis figuran administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.
La imagen corresponde a los funcionarios que habrían tomado créditos hipotecarios en el Banco Nación.
En paralelo, el ministro de Economía Luis Caputo defendió las operaciones y rechazó las sospechas. “No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, afirmó, y sostuvo que el acceso al crédito por parte de empleados públicos “es algo absolutamente lógico y normal”.
JC