La ex presidenta presentó una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la que denunció violaciones a sus derechos civiles y políticos.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la adopción de una serie de medidas cautelares en el marco de una comunicación individual que presentó contra el Estado argentino por presuntas violaciones a sus derechos civiles y políticos en el marco de la causa Vialidad.
Durante una conferencia de prensa, los abogados que impulsan la estrategia internacional explicaron que el objetivo principal es obtener una sentencia de fondo que revise integralmente la condena impuesta por la Justicia argentina. Sin embargo, advirtieron que ese proceso podría extenderse durante varios años, por lo que pidieron que el organismo adopte medidas provisionales que podrían resolverse en un plazo considerablemente menor.
El primer planteo apunta a la suspensión de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal Oral Federal N°2 al condenarla por administración fraudulenta. La defensa sostiene que esa sanción constituye la "pena principal" del fallo y recordó que quedó firme hace poco más de un año, cuando la Corte Suprema confirmó la condena. Según los abogados, el carácter perpetuo de la inhabilitación contradice la jurisprudencia del propio Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El segundo pedido cautelar reclama el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema de Justicia. La presentación cuestiona que el máximo tribunal funcione con tres integrantes, cuando la ley prevé una composición de cinco jueces. La defensa vincula ese planteo con la revisión del proceso que culminó con la condena de la ex mandataria.
Finalmente, la comunicación solicita modificar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple Cristina Kirchner. En ese sentido, pidió que se retire la tobillera electrónica, se eliminen las restricciones al régimen de visitas, se le permita un mayor acceso al aire libre y se garantice un trato equivalente al que reciben otras personas bajo la misma modalidad de detención.
Además, la defensa solicitó que el Comité requiera al Estado argentino que no responsabilice a la ex presidenta por las manifestaciones que se realizan frente a su domicilio. El planteo hace referencia a las advertencias formuladas por los jueces de ejecución desde el inicio del cumplimiento de la prisión domiciliaria, quienes le ordenaron que su comportamiento no alterara la tranquilidad del barrio donde reside.
Las medidas cautelares forman parte de la comunicación individual presentada ante el organismo internacional y buscan preservar los derechos que la defensa considera afectados mientras el Comité analiza el caso y emite una decisión sobre el fondo de la denuncia.