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La Cámara baja debatirá este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la actualización del proyecto de Inocencia Fiscal. La oposición podría sumar el reclamo por las familias endeudadas.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y limitar su capacidad de financiar al Estado. El oficialismo celebró la aprobación como una señal positiva para los mercados y sostuvo que la iniciativa permitirá avanzar en la reducción del riesgo país.
Pasadas las 18, el tablero del recinto marcó 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, con lo que el proyecto obtuvo la media sanción y deberá ahora ser debatido por el Senado.
La Libertad Avanza consiguió reunir una amplia mayoría con el respaldo del PRO, la UCR, el MID, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.
La iniciativa establece cambios centrales en el funcionamiento del Banco Central y busca, según la argumentación oficial, reforzar su independencia frente al poder político y evitar que la autoridad monetaria sea utilizada para financiar el gasto público.
Uno de los ejes del proyecto es establecer un mandato único para el Banco Central. La entidad tendrá como objetivo exclusivo preservar el valor de la moneda.
El cambio elimina los objetivos múltiples incorporados a la Carta Orgánica en 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaban cuestiones como el desarrollo económico, la inclusión financiera y el fomento del empleo.
“Se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser preservar el valor de la moneda”, había planteado Javier Milei al presentar la iniciativa.
Otro de los puntos centrales es la prohibición de financiar al Estado mediante emisión monetaria. El proyecto establece restricciones para que el Banco Central pueda asistir al Tesoro Nacional y también alcanza a los Estados provinciales y municipios.
Además, impide la compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario, una herramienta que puede utilizarse para canalizar financiamiento hacia el sector público.
“Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado”, sostuvo Milei al defender la reforma.
El proyecto también busca endurecer las condiciones para remover al presidente y a los integrantes del directorio del Banco Central. De acuerdo con la propuesta, la remoción requerirá una mayoría de dos tercios no solamente del Senado, como ocurre actualmente, sino también de la Cámara de Diputados.
Para el Gobierno, esta modificación apunta a reforzar la independencia de las autoridades de la entidad y evitar que puedan ser desplazadas por decisiones vinculadas a los cambios de gobierno.
