El Ejecutivo sostuvo que la resolución provoca un “gravamen irreparable” y cuestionó su interpretación del régimen presupuestario.
El Gobierno nacional apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que dejó sin efecto el Decreto 759/2025, en una nueva disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. De esta manera, el Ejecutivo busca frenar los efectos de la resolución que ordenó avanzar con el cumplimiento de la norma.
En la presentación judicial, los representantes del Gobierno sostuvieron que la sentencia genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y advirtieron que provoca un “gravamen irreparable”.
El Ejecutivo cuestionó particularmente el criterio utilizado por Cormick para ordenar la ejecución de la ley. Según planteó, el magistrado realizó una interpretación “arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable” y no contempló, desde la perspectiva oficial, el conjunto de normas que regulan la elaboración y ejecución del presupuesto.
La apelación implica que la discusión sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario continuará ahora en una instancia superior, mientras el Gobierno busca evitar que la sentencia produzca los efectos dispuestos por el juez de primera instancia