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El juez Martín Cormick ordenó al Gobierno aplicar de inmediato la norma y dictar las medidas necesarias para avanzar con su cumplimiento.
La Justicia Federal volvió a intervenir en la disputa por el financiamiento de las universidades nacionales. El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y ordenó al Gobierno cumplirla de inmediato.
La resolución surgió a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la ley.
El conflicto comenzó después de que el Gobierno promulgara la normativa con una condición vinculada a la disponibilidad de recursos. El Decreto 759/2025 establecía que el financiamiento previsto por la ley quedaba sujeto a la determinación de las fuentes específicas y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad” porque permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. También consideró que la medida funcionó como un “mecanismo extraconstitucional” y configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
El fallo también analiza el impacto presupuestario de la normativa. El magistrado señaló que durante 2024 y 2025 no hubo una nueva Ley de Presupuesto y que se prorrogaron las partidas de 2023. Además, citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que ubicaba el impacto de la ley en 2025 en torno al 0,23% del PBI nominal proyectado.
La decisión corresponde a primera instancia, por lo que el Gobierno todavía puede apelarla.
