Tierra del Fuego recurrió a la Justicia para frenar la intervención del Gobierno nacional, mientras crecen los cuestionamientos por el manejo de los fondos y las contrataciones.
El Puerto de Ushuaia quedó en el centro de una disputa entre el Gobierno Nacional y las autoridades de Tierra del Fuego luego de que el Ejecutivo dispusiera su intervención administrativa en enero de este año. La medida fue justificada por presuntas irregularidades en el funcionamiento y las cuentas de la terminal.
Desde entonces, la intervención generó cuestionamientos por el manejo de los recursos, la situación de los trabajadores y distintas contrataciones realizadas durante la administración nacional.
Ubicado sobre el Canal de Beagle, el puerto tiene un rol estratégico por su conexión con la Antártida y por formar parte del corredor entre los océanos Atlántico y Pacífico. Según los datos difundidos en el informe, recibe alrededor de 700 buques y unos 250.000 turistas por año.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los ingresos que genera la terminal. La rentabilidad estimada ronda los $22.000 millones y, según las denuncias, actualmente existen interrogantes sobre el destino de esos fondos.
“El Gobierno nacional, que les revolea a las provincias que se hagan cargo de su Salud, su Educación, sus rutas, en este caso se manotea un puerto que es de una provincia”, cuestionó la periodista Felicitas Bonavitta.
La intervención también tuvo impacto sobre el personal. Unos 140 trabajadores quedaron fuera de sus puestos y aguardan una resolución judicial para conocer si podrán regresar.
En paralelo, autoridades y trabajadores cuestionaron algunas de las contrataciones realizadas durante la intervención. Uno de los casos mencionados corresponde al servicio de limpieza, cuyo costo habría pasado de $6,5 millones a $563 millones en un período de seis meses.
El periodista Guillermo Worman, del Diario "Fin del Mundo", denunció además restricciones para el ingreso de trabajadores y funcionarios provinciales al predio.
“La Prefectura impidió el ingreso de las autoridades provinciales al puerto y de los trabajadores. Solamente un grupo de 16 trabajadores, en complicidad con el Gobierno, pudieron ingresar. Y sigue así hasta hoy”, afirmó.
Días después de la intervención, un avión militar estadounidense llegó a Ushuaia con congresistas de ese país. La presencia fue vinculada por sectores críticos del Gobierno con posibles acuerdos sobre logística y actividad militar en el extremo sur, aunque no se presentó evidencia concluyente que permita afirmar la existencia de un pacto de esas características.
El conflicto también alcanza a empresarios y funcionarios vinculados con distintos sectores económicos. Entre los nombres mencionados aparecen Nicolás Caputo, Gustavo Elías, Iñaki Arreseygor y el interventor Fernando Ariel Polici.
Mientras Tierra del Fuego mantiene su reclamo ante la Justicia, la intervención continúa y crecen los cuestionamientos sobre la administración de una terminal considerada estratégica para la provincia y para el desarrollo de actividades vinculadas con la Antártida.
JC