12° Buenos Aires El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto para derogar la ley y sostuvo que el sistema actual genera “confusión” en consumidores.
El Gobierno nacional incluyó dentro del paquete de leyes enviado al Congreso un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
Desde el Ejecutivo argumentaron que el sistema actual de octógonos negros “puede inducir a interpretaciones simplificadas o poco precisas ” sobre la composición de los alimentos y aseguraron que, en muchos casos, termina generando “confusión en los consumidores”.
De todos modos, el proyecto aclara que la derogación de la norma “ no implica la eliminación de las obligaciones de información nutricional”. Según se explicó, continuará vigente la obligación de detallar en los envases el valor energético, azúcares, grasas, proteínas, sodio y otros componentes relevantes bajo las normas del Código Alimentario Argentino y las regulaciones armonizadas del Mercosur.
En el texto oficial, el Gobierno sostuvo que el modelo de perfil nutricional utilizado por la ley aplica parámetros generales sobre alimentos “sustancialmente diferentes”, sin contemplar factores como el grado de procesamiento, la densidad nutricional o las porciones efectivamente consumidas.
En la imagen se observa a Javier Milei abrazado con el ministro de Salud Mario Lugones.
“La evaluación de los resultados de la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable evidenció dificultades relevantes derivadas del modelo de perfil de nutrientes adoptado”, señala el proyecto.
Además, remarcaron que algunos alimentos incorporados históricamente a la dieta cotidiana terminaron recibiendo advertencias similares a productos con composiciones muy distintas, lo que —según el Ejecutivo— dificulta una correcta diferenciación entre alimentos.
Otro de los puntos cuestionados por el Gobierno fue el impacto económico sobre las pequeñas y medianas empresas. En el documento se indicó que las PyMEs enfrentaron mayores costos para adaptar envases, reformular productos y modificar procesos productivos.
“El esquema vigente genera mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva”, sostiene el texto, que además advierte sobre una posible concentración del mercado en favor de grandes compañías.
Por último, el proyecto también hace referencia a problemas de implementación a nivel federal, especialmente en aspectos vinculados a entornos escolares y compras públicas alimentarias, debido a que requieren la adhesión y aplicación por parte de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
JC