Cuando estaba a punto de vencerse el plazo para tomar la decisión, el Gobierno Nacional confirmó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Lo hizo pocas horas después de la Marcha Federal que, frente al Congreso y en otros puntos del país, le exigió promulgar esa norma. El anuncio se hizo a través de un comunicado de la oficina de prensa del presidente, que definió la iniciativa como un "irresponsable aumento del gasto público".
La pregunta que se impone es: una vez que el veto esté publicado en el Boletín Oficial, ¿la ley ya estará caída? La respuesta es no.
El Congreso Nacional tiene la posibilidad de reunirse en el recinto y, si alcanza el número suficiente de votos, rechazar esa decisión. La tarea no es sencilla: para que la ley vuelva a estar vigente, se requiere el acompañamiento de dos tercios de los legisladores de ambas cámaras.
No obstante, ese objetivo no parece inalcanzable.
En principio, el Senado sería terreno favorable, ya que las bancadas que acompañaron la votación del proyecto superan ese número. El escollo podría presentarse en Diputados, donde el veto debe tratarse primero por ser la cámara de origen de la ley.
Esta situación recuerda un desafío similar que el Gobierno enfrentó semanas atrás, cuando vetó la Ley de movilidad jubilatoria. En aquel momento, gracias al inesperado respaldo de algunos diputados radicales, el oficialismo reunió 87 voluntades que le permitieron blindar su decisión. En principio, se esperaba que esos legisladores de la UCR volvieran a acompañarlo.
Sin embargo, algunos dejaron trascender que no están dispuestos a inmolarse cada vez que el Gobierno resista una ley.
En la misma sintonía, aparecieron algunos diputados díscolos en el PRO. Aunque el bloque funciona como apéndice de La Libertad Avanza, Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla, reconoció el martes que aún no alcanzaron una posición común. Es decir, no todos respaldarían un nuevo veto presidencial.
Las grietas que se abrieron en ambos bloques sembraron dudas sobre la capacidad política del Gobierno para dejar firme el veto. Por eso, en los últimos días, los negociadores de la Casa Rosada iniciaron conversaciones con algunos bloques provinciales, a la espera de volver a encontrar "87 héroes" que le impidan dar un paso en falso.
La posible fecha de la sesión
Según consignó en Argenzuela la diputada radical Danya Tavela, posiblemente el 9 de octubre se lleve a cabo la sesión en la que la oposición intentará ratificar la vigencia de la ley.
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