La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno para que intervenga de manera directa en la causa que analiza la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
El máximo tribunal consideró que no están dadas las condiciones para aplicar el per saltum y resolver el caso sin que antes se expidan las instancias inferiores.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de per saltum presentado por el Gobierno para que intervenga de manera directa en la causa que analiza la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el máximo tribunal declaró “inadmisible el recurso interpuesto” al considerar que no se cumplen los requisitos excepcionales previstos para saltear instancias judiciales previas.
La presentación había sido realizada por la Procuración del Tesoro el pasado 16 de abril, luego de que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N°63 suspendiera 83 artículos de la reforma laboral tras una cautelar impulsada por la CGT.
Sin embargo, esa decisión fue posteriormente revocada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que restituyó la vigencia de la normativa. La Corte también señaló que el planteo oficial resultaba “inoficioso”, ya que la ley se encuentra actualmente en vigencia.
El Ejecutivo buscaba que la Corte revisara de manera inmediata el fallo de primera instancia y suspendiera sus efectos mientras se resolvía la cuestión de fondo.
Además, en su presentación, la Procuración sostuvo que el juez que intervino inicialmente no tenía competencia para tratar el caso y cuestionó la legitimidad de la acción colectiva presentada por la CGT.
El recurso de per saltum está contemplado en el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial y solo puede aplicarse en situaciones de gravedad institucional y bajo competencia federal.
La demanda judicial fue impulsada por la CGT, que pidió la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.802 al considerar que afectan derechos laborales y garantías constitucionales.
La central obrera sostuvo que la reforma vulnera principios vinculados a la protección del trabajo, la progresividad de los derechos sociales, la libertad sindical y el acceso a la Justicia.
Inicialmente, el juez laboral Raúl Horacio Ojeda había hecho lugar a la cautelar presentada por la CGT, aunque posteriormente la Cámara del Trabajo dejó sin efecto esa resolución y restituyó la aplicación de la reforma laboral.
JC