Confirmó la cautelar que ordena actualizar salarios y becas, y rechazó la apelación del Ejecutivo por sus argumentos.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional a implementar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. De esta manera, rechazó la apelación presentada por el Poder Ejecutivo contra el fallo de primera instancia.
La resolución exige el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización salarial de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma en septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán cuestionaron los argumentos del Estado y señalaron que los planteos presentados resultan “poco serios”. También indicaron que el impacto fiscal de la medida es reducido y que no se ve afectado el interés público, al tiempo que remarcaron la relevancia del derecho a la educación.
La cautelar había sido dictada previamente por el juez Enrique Cormick, quien consideró que el decreto que suspendía la aplicación de la ley presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Yacobitti, afirmó que el Poder Ejecutivo “debe cumplir con la ley vigente desde octubre del año pasado”. Además, advirtió que el incumplimiento de la resolución judicial podría derivar en “un caso de gravedad institucional sin precedentes que podría configurar causal de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
También señaló que “la gran mayoría de ellos está por debajo de la canasta básica”, en referencia a la situación salarial del sector.
El debate por el financiamiento universitario se intensificó en los últimos años con movilizaciones en distintas ciudades del país. El Congreso sancionó la ley tras superar vetos presidenciales, mientras que el Ejecutivo dictó un decreto que suspendió su aplicación a la espera de definir su financiamiento.
En este escenario, el Gobierno impulsa una nueva propuesta legislativa que modifique el esquema vigente y reúna consenso político para su aprobación.
JC