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Dos abogados lo acusaron de utilizar recursos del Estado para respaldar una actividad partidaria en San Pablo y pidieron investigar el destino de los fondos públicos.
La participación del presidente Javier Milei en un acto político realizado en Brasil derivó en una denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La presentación sostiene que el mandatario habría utilizado recursos del Estado argentino para asistir a una actividad de carácter partidario vinculada al respaldo al senador Flávio Bolsonaro.
La denuncia fue impulsada por los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes cuestionaron que el viaje oficial se haya realizado con el avión presidencial, una comitiva oficial y fondos públicos para participar en un evento que, según afirman, no tuvo carácter institucional.
De acuerdo con el escrito, los denunciantes consideran que el uso de esos recursos implicó un desvío de su finalidad, ya que fueron destinados a una actividad política desarrollada en territorio brasileño.
Uno de los ejes de la denuncia son las expresiones que el Presidente realizó durante el acto en San Pablo. Según los abogados, Milei calificó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como "presidiario" y se refirió al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, con el término "basura calva".
Para los denunciantes, esas manifestaciones constituyeron una intervención en asuntos de política interna del país vecino.
En la presentación sostuvieron que el mandatario "se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino, además de agredir verbalmente al oficialismo brasileño y a un importante magistrado del Poder Judicial".
También afirmaron que esa conducta "desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados por la ley de presupuesto para la representación exterior de la República Argentina" y agregaron que los recursos estatales "fueron desviados para satisfacer intereses de una parcialidad política, provocando además un severo perjuicio a las relaciones diplomáticas bilaterales".
La denuncia invoca el principio de no intervención entre Estados, contemplado en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU.
Con ese fundamento, los abogados sostienen que los hechos podrían encuadrarse en el delito de malversación de caudales públicos, al considerar que bienes y recursos estatales habrían sido utilizados para un fin distinto del previsto legalmente. Además, plantean la posible configuración del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, por una presunta vulneración de normas internacionales incorporadas al ordenamiento jurídico argentino.
Como parte de la investigación, solicitaron que la Justicia requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar la documentación relacionada con el viaje presidencial, incluyendo el detalle de los gastos, los viáticos, la nómina de integrantes de la comitiva y las órdenes de vuelo del avión presidencial.
Finalmente, pidieron que, una vez reunidas las pruebas correspondientes, Javier Milei sea citado a declaración indagatoria.
JC
