El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso una multa diaria de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución apunta a la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes y de los fondos destinados a becas estudiantiles.
La sanción, denominada astreinte, fue dispuesta luego de que vencieran los plazos otorgados al Estado nacional para cumplir con la orden judicial. Según el planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los pagos correspondientes todavía no se habían registrado.
En su resolución, Cormick sostuvo: “En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”.
El magistrado estableció inicialmente una sanción de $100.000 por día y advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si persiste el incumplimiento.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La medida cautelar ordena aplicar las disposiciones de la ley que contemplan la recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de la actualización de las becas estudiantiles. La Corte Suprema dejó firme esa cautelar el 25 de junio de 2026.
La norma establece una recomposición salarial del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de ese año. También dispone actualizaciones mensuales de las remuneraciones según ese índice.
Mientras tanto, el expediente principal continúa en trámite judicial. Cormick concedió la apelación del Estado nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que condicionaba la aplicación de la ley y elevó esa discusión a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
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