La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió este martes las versiones periodísticas que aseguraban que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, habían sido citados a declarar por la Justicia de Estados Unidos, y advirtió que evalúa iniciar acciones legales por la difusión de información que calificó como "falsa o manifiestamente engañosa".
A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que el documento judicial al que hicieron referencia distintas publicaciones "no constituye una citación dirigida" a Tapia ni a Toviggino.
Según precisó la AFA, la citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida está dirigida a un tercero, a quien se le solicita comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente aportar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la asociación.
En ese marco, la institución sostuvo que "es absolutamente falso" afirmar que Tapia o Toviggino hayan sido convocados a declarar ante la Justicia estadounidense. También rechazó otra de las versiones difundidas en las últimas horas, según la cual se les habrían secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
"La documentación en cuestión no dispone ninguna medida personal respecto del presidente de la AFA ni de su tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad", señaló el comunicado.
La entidad consideró que la difusión de esa información genera "una grave desinformación" y afecta "injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones".
Además, exhortó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar el contenido de los documentos antes de publicar información que no encuentre respaldo en ellos, al recordar que "el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable".
Finalmente, la AFA informó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes contra quienes hayan difundido información que, a su entender, resulte falsa o deliberadamente tergiversada y que pueda lesionar los derechos de la institución o de sus autoridades.