El Gobierno denunció a los integrantes del viaje a Lago Escondido

En ese sentido, denunciaron a: Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2; Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9".

También a Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y a Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a: Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido (perteneciente a Joe Lewis); Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); y a Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

El Gobierno pidió que se solicite como prueba la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos.

viaje lago escondido.jpeg

La investigación se basa en el viaje que realizaron la semana del 13 de octubre del corriente año, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando a Bariloche, con financiamiento desconocido.

“Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas”, agregaron desde el Gobierno.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la CABA, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados ”.

En ese sentido, concluyeron: “Estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo, expresaron que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

En la denuncia argumentan que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, a su vez, Soria pidió tener al Estado Nacional por parte querellante.

El ministro confirmó en Argenzuela la presentación de la denuncia y declaró en diálogo con Jorge Rial: "Lo que está sucediendo es la radiografía del lawfare".