Mario Abdo Benítez llegó a la Presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2018 y entregó la banda exactamente cinco años después, el 15 de agosto de 2023, tras imponerse en las elecciones de 2018 como candidato del Partido Colorado.
El crecimiento patrimonial del ex presidente paraguayo y sus cuentas off shore están en la mira.
Mario Abdo Benítez llegó a la Presidencia de Paraguay el 15 de agosto de 2018 y entregó la banda exactamente cinco años después, el 15 de agosto de 2023, tras imponerse en las elecciones de 2018 como candidato del Partido Colorado.
Si bien cultivó una imagen de “renovador” pese a un linaje autoritario y juró administrar con austeridad, sus últimos meses quedaron marcados por denuncias de favoritismo en obra pública y una feroz interna partidaria que terminó limando su capital político.
En todo el quinquenio, Abdo se exhibió como socio de Estados Unidos: apoyó sanciones contra Venezuela, cedió espacio para capacitaciones militares y avaló intercambios de inteligencia. El vínculo quedó confirmado cuando el 10 de abril de 2025 se filtró un memorando del exembajador norteamericano Marc Ostfield.
En el documento, el diplomático calificaba a Abdo de “aliado estratégico” y defendía sus negocios ante críticas internas, al tiempo que pedía a Washington endurecer el cerco sobre personalidades del Partido Colorado. La intromisión y complicidad descripta en estos archivos desató un escándalo en Paraguay y confirmaron las sospechas de la Cancillería Paraguaya que había pedido la salida anticipada del embajador durante el 2024.
Días después de dejar la Presidencia, Abdo presentó su declaración juradaoficial: un patrimonio neto de 21,8 mil millones (aproximadamente cerca de US$ 3 millones).
Hasta allí, nada que sugiriera fortunas insondables. La Contraloría General de la República, sin embargo, descubrió y lo denunció ya que dos de sus empresas —Aldia SA y Createc SA— movieron utilidades por cerca de US$ 45 millones entre 2018 y 2023, dinero que fue reclasificado como “reservas” y, por tanto, quedó fuera del radar del fisco.
El informe presentado por la Contraloría resalta que las ganancias crecieron 61 veces respecto del periodo previo a su mandato, un salto difícil de explicar con los números declarados.
Una filtración de una fuente confidencial reveló los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limitada (LLC) con fondos millonarios a nombre de Mario Abdo Benitez y su esposa.
Estas cuentas estarían radicadas en las islas Seychelles, un famoso paraíso fiscal conocido por su opacidad y ser el destino de dinero sucio de múltiples criminales internacionales.
Según el documento al que pudo acceder este medio, existirían dos cuentas con un monto total que sobrepasaría los 20 millones de dólares. La primera cuenta está radicada en el banco MCB International y presenta un monto total de USD 12,316,108.44. Fue abierta en noviembre de 2022 (mientras Benitez todavía era Presidente) a nombre de la empresa Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados figuran como Silvana L Moreira y el mismo Abdo Benitez.
La segunda cuenta descubierta tiene el n°29478391, y fue abierta en Septiembre de 2023 a nombre de Exchange Contracts International FinanceLimited. Justo un mes después de su salida como Presidente. Según el informe confidencial, a Junio de 2025 esta cuenta presentaba un balance de USD 8,716,581.02, también a nombres de Silvana López Moreira y Abdo Benitez.
Así las cosas, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, StarCapital recibió cuatro transferencias —desde Capital Holdings Ltd., Logistic Accounting & ConsultancyLtd., Sports Marketing Plus Ltd. y WinwardBrokerage LLC— por montos que van de US$ 850 000 a US$ 1,7 millones. Del mismo modo Exchange Contracts, recibió también cinco transferencias de empresas similares, que van desde los US$ 600.000 a los US$ 950.000.
Estos registros, que figuran dentro del informe confidencial, reflejan un clásico el patrón de blanqueo de dinero:
Sumados los dos saldos offshore se arroja siete veces el patrimonio neto que Abdo declaró cuando dejó el cargo. Ni las utilidades “reservadas” en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
Pero hay una pregunta. ¿De dónde salió el capital inicial? Los US$ 21 millones depositados en Seychelles exceden los dividendos oficiales y los ingresos como presidente. ¿Qué papel jugó la diplomacia? El cable de Ostfield omitió deliberadamente las utilidades de Aldia y Createc. ¿Fue un descuido amistoso o parte de un trato político-empresarial? ¿Se usaron reservas ocultas? La Contraloría detectó que el 90 % de las utilidades de las asfaltadoras se mandó a “reservas”. ¿Esa masa crítica terminó alimentando las offshore?
Abdo construyó su carrera sobre la promesa de modernizar un partido que llevaba décadas gobernando Paraguay con más inercias que ideas.
Pero cinco años después, las cifras que emergen de sus balances y las filtraciones diplomáticas muestran una foto inversa: un jefe de Estado que multiplicó la rentabilidad de sus empresas mientras el salario real de los paraguayos cayó casi 9% en términos de poder de compra y el endeudamiento público creció.
Las investigaciones futuras se concentrarán en dos grandes temas:
La ingeniería contable local. Las ganancias “reservadas” de Aldia S.A. y Createc S.A. permiten suponer que grandes flujos de efectivo permanecieron sin gravamen. El punto decisivo será demostrar si esos fondos terminaron en los USD 21 millones alojados en las LLC de Seychelles.
Y la ruta internacional del dinero. En la práctica, Seychelles concede a sus sociedades dos ventajas clave: secreto accionarial y un impuesto a las utilidades de apenas 1,5 %. El rastro documental contratos de constitución, órdenes de transferencia, correos con intermediarios se halla fuera de Paraguay, lo que obligará a la Fiscalía a recurrir a convenios internacionales para iniciar las investigaciones.
Si la justicia logra unir esas piezas, el expresidente quedará frente a cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en escala mayor; el máximo previsto por el Código Penal paraguayo diez años de prisión y decomiso total del patrimonio ilícito transformaría a quien Washington llamaba “aliado estratégico” en el primer exmandatario paraguayo condenado por delitos económicos contemporáneos.
Entre ambos extremos late un dato incómodo: la confianza inversora, clave para la agenda “Paraguay Hub Logístico” que hoy impulsa el gobierno, depende de señales claras de que el país puede investigar a sus élites sin mirar la camiseta partidaria. Una justicia que actúe con rigor podría convertir este caso en un parteaguas institucional. Una justicia que tropiece confirmaría la impresión de que, en Paraguay, el dinero viaja más rápido que la ley.