24° Buenos Aires 
El Senado aprobó por amplia mayoría la Ley de Prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, que lleva por nombre Ley Lucio, por Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes por su madre y la pareja de la misma, fue aprobada este jueves con 65 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.
En la sesión estuvieron presentes los familiares de Lucio que celebraron y se emocionaron con la aprobación del proyecto.
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
En su intervención, Fernández Sagasti (Frente de Todos) analizó: “Entiendo que esta ley llega tarde. Llega tarde porque Lucio ya no está, y porque miles de niños, niñas y adolescentes en Argentina son víctimas de maltrato, de abuso y precariedad”.
Las claves de la Ley Lucio
La Ley establece la capacitación obligatoria en materia de derechos de la infancia y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todos los empleados públicos y funcionarios en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Su objetivo es velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho a ser oídos de las niñas niños y adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales.
Con su aprobación el Poder Ejecutivo y el Judicial deberán elaborar un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia, que tendrá como objeto unificar los criterios de actuación a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como la igualdad del acceso del niño, niña y adolescente a la Justicia.
La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf).