Neuquén, Tucumán y Misiones rechazaron la reforma impulsada por el oficialismo. El poroteo sigue abierto y crecen las dudas sobre su aprobación.
El proyecto de reforma de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno atraviesa horas decisivas. A menos de un día de la sesión prevista en el Senado, el oficialismo acumuló nuevos rechazos de gobernadores y el escenario aparece cada vez más complicado para reunir los votos necesarios.
El revés más reciente llegó desde Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa confirmó que su espacio no acompañará la iniciativa y dejó en claro la postura de su provincia. "No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional", expresó en su cuenta de X.
Con esa definición, la senadora Julieta Corroza quedó alineada con el rechazo al proyecto, pese a que desde el oficialismo la contaban entre los posibles votos favorables.
La posición de Neuquén se sumó a la de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo informó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votarán en contra de la reforma y reiteró que rechaza cualquier flexibilización que favorezca la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque aclaró que mantiene una postura favorable a la llegada de inversiones productivas.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, también confirmó que su provincia no respaldará la iniciativa. "Misiones siempre va a defender su territorio y el derecho de las provincias a proteger sus recursos estratégicos. Nuestra posición es clara: no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras", sostuvo.
A ese escenario se agregó otra baja para las expectativas del Gobierno: el senador radical por La Pampa, Daniel Kroneberger, confirmó que votará en contra del proyecto.
Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre la participación de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien recibió autorización de Victoria Villarruel para intervenir de manera remota debido a su embarazo. Sin embargo, esa modalidad deberá ser aprobada por el pleno del Senado al comienzo de la sesión.
Con el poroteo aún abierto y negociaciones que continúan hasta último momento, el oficialismo enfrenta un panorama cada vez más complejo para convertir en ley una de sus principales reformas.
JC