19° Buenos Aires El proyecto redefine los requisitos de acceso, endurece controles y modifica el funcionamiento del sistema de asistencia.
El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto para modificar el régimen vigente en materia de discapacidad, con una serie de cambios que impactan tanto en el acceso a las pensiones como en el funcionamiento del sistema de prestaciones.
El texto, titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó en el Senado de la Nación Argentina y plantea una revisión integral del esquema actual, en medio de cuestionamientos por la aplicación de la ley de emergencia del sector.
Uno de los puntos centrales es la implementación de un reempadronamiento obligatorio para todos los beneficiarios de pensiones no contributivas. Según establece el proyecto, deberán volver a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. “Aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio“.
Además, se prevé un sistema de control más amplio mediante el cruce de datos entre organismos como ANSES y SINTyS, con la posibilidad de suspender pagos de manera preventiva ante inconsistencias detectadas, garantizando instancias de revisión.
La iniciativa también fija el monto de las pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina adicionales vinculados a factores como zona geográfica o invalidez laboral. En paralelo, establece la incompatibilidad total con el empleo formal, lo que impediría mantener el beneficio en caso de inserción laboral registrada.
En cuanto al sistema de prestaciones, el proyecto introduce cambios en el financiamiento y habilita acuerdos entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Este esquema implicaría, en la práctica, la eliminación del nomenclador único y una mayor descentralización en la negociación de aranceles con obras sociales y prepagas.
La propuesta también modifica los criterios de actualización de los valores, que quedarían atados a la evolución del haber mínimo, dejando atrás mecanismos automáticos basados exclusivamente en la inflación.
Con su ingreso al Senado, el proyecto abre un nuevo escenario de debate legislativo y político sobre el alcance de la asistencia estatal y los criterios de inclusión en el sistema de discapacidad.
JC