19° Buenos Aires La norma fija la imputabilidad desde los 14 años, establece sanciones con enfoque educativo y prohíbe la prisión perpetua para menores.
El Gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juvenil, una norma que modifica el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y fija la imputabilidad a partir de los 14 años. La legislación combina sanciones judiciales con medidas educativas y de reinserción social, y comenzará a aplicarse de manera plena dentro de 180 días.
La ley fue publicada en el Boletín Oficial con el número 27.801 y lleva las firmas de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a los secretarios parlamentarios de ambas cámaras.
El nuevo esquema reemplaza al régimen vigente desde 1980 y establece un marco actualizado para el tratamiento judicial de adolescentes que cometen delitos. El objetivo central es que las sanciones tengan un enfoque orientado a la educación, la responsabilidad por los hechos cometidos y la reducción de la reincidencia.
La normativa dispone además que los menores privados de la libertad no podrán compartir espacios de detención con personas adultas. También establece que los centros destinados a alojarlos deberán contar con personal especializado en el abordaje de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Por otra parte, el texto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones al nuevo sistema y establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá coordinar y supervisar su implementación junto a las distintas jurisdicciones.
Responsabilidad penal desde los 14 años
Los adolescentes podrán ser juzgados penalmente desde esa edad cuando estén acusados de delitos previstos en el Código Penal o en leyes penales especiales.
Fin del régimen anterior
La ley deroga la normativa 22.278, que regulaba la responsabilidad penal juvenil desde la última dictadura, y crea un sistema adaptado a los estándares actuales de justicia juvenil.
Plazo de implementación
El sistema comenzará a aplicarse plenamente dentro de 180 días, período en el que los organismos judiciales deberán adecuar sus estructuras.
Prioridad a medidas educativas
El nuevo régimen establece que las sanciones deben buscar la formación del adolescente, la comprensión de la conducta delictiva y la disminución del riesgo de reincidencia.
Alternativas a la prisión
Entre las medidas previstas figuran trabajos comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento a las víctimas.
Privación de libertad como último recurso
La detención se plantea como una instancia excepcional y podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados.
Límite de las penas
La ley prohíbe aplicar prisión perpetua a menores de edad y fija una pena máxima de hasta 15 años de privación de libertad.
Mecanismos de mediación
Se incorpora la mediación penal juvenil, un procedimiento voluntario que permite resolver determinados conflictos mediante acuerdos entre la víctima y el adolescente acusado.
Probación para delitos menores
En casos de menor gravedad, los jueces podrán suspender el proceso si el joven cumple determinadas condiciones, como reparar el daño causado o realizar tareas comunitarias.
Resguardo de la identidad
El régimen refuerza la confidencialidad de los procesos y prohíbe difundir información que permita identificar a los adolescentes involucrados.
JC