El 21 de abril de 2003, Lucila Yaconis regresaba a su casa cuando fue sorprendida por un hombre en el cruce de Paroissien y la vía del Ferrocarril Mitre, en el barrio porteño de Núñez. Eran cerca de las 19, estaba anocheciendo y no había otras personas alrededor. El atacante forcejeó con ella y la arrastró unos 100 metros. En el trayecto, Lucila perdió su mochila y un zapato. Junto a un alambrado que da a la calle Vilela intentó violarla, pero ella se resistió. El sereno de un taller que estaba del otro lado del alambrado escuchó que algo pasaba, aunque no llegó a ver nada. Preguntó que estaba sucediendo y el agresor respondió con una evasiva: “No pasa nada, estoy con mi novia”.
El testigo se quedó intranquilo con la respuesta y dio la vuelta hasta llegar al otro lado del alambrado, pero ya era tarde. Al llegar se encontró el cuerpo de la chica. Según la autopsia, Lucila fue golpeada y asfixiada, pero no llegó a ser violada. El crimen ocurrió a tan solo una cuadra de su casa.
El crimen ocurrió el 21 de abril de 2003. El homicidio está impune. Dos décadas después, la madre de la víctima, Isabel Yaconis, hoy presidenta de Asociación Madres del Dolor, no pierde las esperanzas de que se logre identificar asesino. La ilusión de que haya Justicia sigue latente.
Lucila tenía 16 años y el crimen conmocionó a la sociedad. En aquél tiempo los homicidios de mujeres no eran tratados como femicidios, las víctimas de violación no solían hacer las denuncias y los medios prácticamente no informaban sobre casos de ataques sexuales.
Tras los reclamos de mayor seguridad, la zona donde ocurrió el hecho se transformó. Se desmalezó el terraplén de la vía, se instaló luminaria pública y con el tiempo llegaron las cámaras de seguridad. En el baldío contiguo al paso nivel, donde hasta 2003 era un lugar inseguro, se inauguró una plazoleta que lleva el nombre de Lucila Yaconis.
Hoy a 20 años del crimen, la mamá de Lucila, Isabel, mantiene su memoria viva y se abraza a una esperanza: que el ADN del asesino de su hija algún día permita esclarecer el caso.
“El ADN es lo único que nos puede llevarnos hacia el asesino. Ya no voy a decir que no tengo esperanza de que se encuentre al asesino, hay funcionarios judiciales que trabajan muy bien y no bajan los brazos. Cada tanto la ilusión reaparece”, sostuvo, 20 años después del crimen, la madre de la víctima.
Las Madres del Dolor
Pocos días después del crimen, Isabel Yaconis encabezó la primera marcha en reclamo de justicia, que contó con el apoyo de Juan Carr, de Red Solidaria. Así fue como se acercó a ella otra madre que compartía el mismo dolor, Marta Canillas, quien seis meses antes había sufrido el secuestro y asesinato de su hijo Juan Manuel, y no dudó en acercarse. Con el correr de los meses se fueron sumando Viviam Perrone, Silvia Irigaray, Elvira Torres, Elsa Gómez y Nora Iglesias. “Ellas fueron mi cobijo”, recuerda Isabel en una entrevista con C5N.com.
"Un día nos llamaron de Casa de Gobierno porque nos quería ver el ministro de Justicia, Gustavo Beliz. En el medio de la reunión con él apareció el presidente Néstor Kirchner y nos propuso que creáramos una fundación. Nos resultó menos engorroso armar una asociación civil y él nos ayudó con los trámites", explica.
La Asociación Civil Madres del Dolor se creó el 10 de diciembre de 2004 y desde entonces asistió a cientos de familiares de víctimas de homicidios.
El banco genético de condenados por delitos sexuales
El 31 de agosto de 2011, el proyecto tuvo media sanción en el Senado. El 3 de julio de 2013 la Ley 26.879 fue sancionada por unanimidad por Diputados. Pero su reglamentación demoró más de la cuenta y recién se concretó el 17 de julio de 2017.
La función del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) es recibir todas las muestras genéticas que fueron utilizadas en procesos judiciales, con una fuerte cadena de custodia, ingresar y almacenar esos datos. El Registro no es el encargado de procesar las muestras, sino que eso lo hacen laboratorios privados.
De acuerdo con la información del Ministerio de Justicia y DDHH, hay dos tipos de perfiles genéticos que se recopilan y clasifican: uno de ellos se extrae de evidencias de delitos sexuales con autores desconocidos. El otro tipo, en tanto, pertenece a los condenados por sentencia firme por delitos contra la integridad sexual, y ello debe ser ordenado por el tribunal de juicio.
"Yo no estoy de acuerdo como salió la ley. Nos quedó chica. Porque solo se puede cotejar las muestras con condenados por delitos sexuales con sentencia firme. Si el asesino de mi hija cayó preso por otra causa, no va a estar registrado ahí", se queja Isabel.
"Para quedar condenado en este país tiene que pasar muchísimo tiempo. La mitad de los presos de la Argentina están esperando el juicio o que su codena quede firme. Es decir que en esos casos sus perfiles genéticos no pueden ser cotejados", opina Varone, quien luego añade: "El caso de Uruguay es diferente. Toda persona que por el motivo que fuera pasa por el sistema penitenciario tiene un registro de ADN. Desde hace muchos años hasta la fecha, ellos tienen como cotejar. De hecho, así esclarecieron el crimen de Lola Chomnalez (la adolescente argentina asesinada en Barra de Valizas en diciembre de 2014)".
