13° Buenos Aires El senador Luis Juez pidió la renuncia del ministro de Seguridad y que se investigue el accionar del fiscal Garzón por el caso de Agostina Vega en Córdoba.
La conmoción por el hallazgo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada desde hacía casi una semana en la ciudad de Córdoba, derivó este domingo en fuertes cuestionamientos políticos contra las autoridades provinciales encargadas de la seguridad y de la investigación judicial del caso.
El senador nacional por Córdoba Luis Juez reclamó la renuncia inmediata del ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y anunció que promoverá un jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, quien tuvo a su cargo la causa por la desaparición de la joven.
"Los cordobeses no nos merecemos esto; no necesitamos fiscales partidarios ni incompetentes cuidando a nuestros hijos", escribió Juez en su cuenta de X luego de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de la adolescente en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.
El legislador también sostuvo que no está dispuesto a permanecer en silencio frente a lo que definió como una situación de "mentira e incompetencia institucional" y responsabilizó a distintos sectores del Estado provincial por el desenlace del caso.
El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado durante un operativo de rastrillaje realizado por efectivos policiales en una zona de descampados de la capital cordobesa. Horas antes, los investigadores habían concentrado la búsqueda en ese sector luego de reconstruir movimientos vinculados al principal sospechoso.
El fiscal Garzón confirmó la noticia en una conferencia de prensa y señaló que la principal hipótesis de trabajo es la de un homicidio. La investigación continúa para determinar las circunstancias de la muerte de la adolescente y las eventuales responsabilidades penales. En esa conferencia destacó el trabajo de un perro adiestrado y fue inmediatamente repudiado.
El caso generó una profunda conmoción social en la provincia y volvió a poner en debate la respuesta estatal frente a las denuncias por desaparición de personas, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes.