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La jueza federal Mariel Borruto suspendió las obras de Rockhopper y Navitas hasta que se complete el procedimiento de evaluación ambiental.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó frenar las obras vinculadas al proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la plataforma continental argentina, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.
La medida fue dispuesta por la jueza federal Mariel Borruto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration PLC y Navitas Petroleum Development and Production Limited.
La resolución establece que las empresas deberán abstenerse de iniciar o continuar las obras del emprendimiento hasta que se complete el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad nacional y se dicte la decisión correspondiente.
Uno de los principales argumentos de la magistrada fue que, según informó la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, “no se ha iniciado ningún aviso de proyecto ni han iniciado un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental con las empresas mencionadas”.
Borruto aclaró que la cautelar no determina que el proyecto vaya a provocar un daño ambiental. “No se afirma que el daño ambiental invocado se producirá, ni ello podría afirmarse en este estado del proceso”, señaló.
La jueza explicó que el problema está en que las obras avancen sin que previamente se determine cuáles podrían ser sus efectos y qué medidas deberían adoptarse para prevenirlos o reducirlos.
“Lo que se constata es que las demandadas han omitido sustanciar el procedimiento legalmente previsto para determinar, precisamente, si el daño habrá de producirse y con qué medidas corresponderían prevenirlo o mitigarlo”, sostuvo.
La prohibición alcanza la perforación del lecho y subsuelo marino, la instalación de infraestructura submarina, conductos y sistemas de conducción, las unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga y el inicio de la explotación comercial.
También quedaron alcanzadas las obras terrestres y portuarias vinculadas con el desarrollo del proyecto.
La resolución menciona que Sea Lion contempla 23 pozos: 16 productores de petróleo, seis de inyección de agua y uno de inyección de gas, además de infraestructura submarina y una unidad flotante de producción.
Entre los posibles impactos señalados aparecen la alteración del lecho marino, la contaminación química, el ruido submarino, las emisiones y eventuales derrames de hidrocarburos. La jueza sostuvo que se trata de una actividad “susceptible de producir modificaciones ambientales relevantes y riesgos que requieren evaluación previa”.
La medida es provisoria y podrá “mantenerse, modificarse, ampliarse o dejarse sin efecto” una vez que se incorporen nuevos informes y las empresas intervengan en el expediente.
JC
