La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni suma este lunes una instancia clave en los tribunales federales.
El fiscal solicitó información a plataformas financieras tras detectar inconsistencias entre ingresos declarados y gastos del funcionario.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni suma este lunes una instancia clave en los tribunales federales.
La causa busca esclarecer las condiciones en las que el funcionario adquirió un departamento en el barrio porteño de Caballito y si sus ingresos justifican la operación.
El expediente pone el foco en un inmueble valuado en 230 mil dólares. Según consta en la causa, Adorni habría abonado 30 mil dólares en efectivo y acordado el resto mediante una hipoteca a un año, sin interés, una modalidad poco habitual en el mercado inmobiliario.
En este contexto, está prevista la declaración de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las vendedoras del inmueble. Su testimonio es considerado central, ya que podría aportar detalles sobre cómo se fijó el precio, de qué manera se negoció el plan de pago y qué factores influyeron en la decisión de otorgar facilidades financieras.
Dentro del expediente ya se mencionan vínculos personales entre las partes, lo que refuerza la necesidad de esclarecer si esa relación incidió en las condiciones de la operación. La Justicia busca establecer si el acuerdo se ajusta a prácticas habituales o si existieron ventajas indebidas.
Además de Feijoo, también declarará el encargado del edificio donde se ubica la propiedad, con el objetivo de reconstruir el estado del inmueble y su uso posterior. En los próximos días, se sumarán otros testimonios y se requerirá documentación vinculada a gastos, refacciones y mantenimiento.
En paralelo, se mantienen los pedidos de información a billeteras virtuales y entidades financieras para rastrear movimientos no registrados formalmente. Con estas medidas, la Justicia apunta a reconstruir el circuito económico detrás de la compra y determinar si existe una correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario.
JC