22° Buenos Aires Cientos de represores siguen en libertad o con prisión domiciliaria, mientras continúa la búsqueda de más de 300 nietos apropiados por parte de Abuelas de Plaza de Mayo.
A medio siglo del inicio de la última dictadura cívico-militar, las cifras judiciales reflejan tanto el avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad como las deudas que aún persisten. Desde 2006, 1.231 personas fueron condenadas en 361 sentencias por delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Actualmente, el proceso judicial sigue en marcha con 12 juicios orales en curso en distintas jurisdicciones del país. Sin embargo, el universo de imputados y condenados muestra un escenario complejo: hay 504 personas detenidas por estos crímenes, aunque una amplia mayoría —425 represores— cumple arresto domiciliario, en muchos casos bajo el argumento de la edad avanzada.
Del resto de los detenidos, 61 se encuentran alojados en la Unidad Penitenciaria N°34, ubicada en la guarnición militar de Campo de Mayo, mientras que otros 18 permanecen en cárceles del sistema penitenciario común, según el sitio Fiscales.
En paralelo, el dato más preocupante es que 1.582 personas investigadas por delitos de lesa humanidad continúan en libertad, lo que evidencia las demoras y limitaciones del proceso judicial.
En este contexto, la búsqueda de memoria, verdad y justicia mantiene un frente activo en la restitución de identidad. La organización Abuelas de Plaza de Mayo logró recuperar hasta el momento a 140 nietos y nietas apropiados durante la dictadura, pero aún restan más de 300 personas por encontrar.
Ante la persistencia de estos casos, el llamado sigue vigente: quienes tengan dudas sobre su identidad pueden comunicarse con la institución a través de su sitio web o por vía telefónica, en un intento por cerrar una de las heridas más profundas que dejó el terrorismo de Estado.