14° Buenos Aires 
Luego de que la Justicia ordenara investigar a Raúl Pérez Roldán, una nueva medida se sumó a la causa por los delitos de trata de personas, abuso sexual agravado y otros delitos cometidos contra niños y niñas menores de edad.
El juez federal de Azul Gabriel di Giulio ordenó que se le prohíba la salida del país al padre del ex tenista, que se le coloque una tobillera electrónica y que se le impida ausentarse por más de 72 horas de su domicilio. También le renovó la prohibición de acercamiento de cualquier forma a las víctimas y dictó la inhibición de sus bienes para él y para su esposa.
El entrenador de tenis Raúl Pérez Roldán –quien dirigió durante años una de las academias más exitosas de la Argentina- afronta así un nuevo revés judicial. Según el fallo, por el momento el juez no aceptó ordenar la prisión preventiva para Pérez Roldán, solicitada por la querella, aunque esa decisión podía reevaluarse si no se cumple con las medidas fijadas.
Por su parte, el imputado intentó evitar la medida. Dijo que ya no es la persona que era hace 40 ó 50 años, que la edad no solo afectó su salud sino también su personalidad, que siempre respetó cada indicación de su defensa en medio del proceso.
La causa que investiga a Raúl Pérez Roldán por explotación, lesiones, abuso, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero, entre otro delitos, fue impulsada principalmente por la denuncia en su contra que promovió su hijo, Guillermo Pérez Roldán y también Graciela Pérez, otra ex tenista que estuvo bajo su custodia de entrenamiento.
HISTORIAL DE LA CAUSA ABIERTA EN 2022
Todo se enmarca en la causa que se abrió en 2022: Guillermo Pérez Roldan, quien llegó a ser puesto 13 en el ranking ATP en 1988 y miembro del equipo argentino de Copa Davis entre 1988 y 1993, había denunciado los abusos que sufrió por parte de su padre y entrenador hace unos años, ante el periodista Sebastián Torok.
Luego, su historia quedó plasmada en un documental, “Pérez Roldán confidencial”. Junto a ese documental, llegó la denuncia penal, que -tras idas y vueltas- quedó radicada ante la justicia federal de Azul. Allí se estableció no solo que los delitos no prescribieron sino que deben investigarse las figuras de lavado de activos y trata de personas, además de lesiones graves, administración infiel, privación de la libertad y abusos.
“Sé de lo que es capaz mi padre… por lo tanto quisiera tener algo de seguridad”, le pidió al tribunal, según reportaron sus entrevistadores. Graciela Pérez, por su parte, también pidió seguridad. Tiene un botón antipánico. Vive a pocas cuadras de la casa de su victimario. “Vivo con miedo desde que decidí hablar. No sé de qué puede llegar a ser capaz”, afirmó, pudo.