La Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres empresas privadas (Sura, Unión Capital e Integración) pidió a la comisión del Senado que evalúa el proyecto de reforma de la seguridad social, analizar dos puntos claves del texto y objetó la nueva repartición de aportes.
La crítica puntual se da a lo dispuesto por el Partido Colorado tras negociaciones al interior de la coalición, donde en lugar de que los nuevos trabajadores aporten "50-50" entre el Banco de Previsión Social (BPS) y la AFAP, como se da actualmente, se estableció un 10%-5% respectivamente, ampliando la parte de la jubilación que recae sobre el Estado. Esta modificación responde a los intereses de los sectores de ingresos medios, que con el nuevo esquema de aportes se beneficiarían del subsidio por tramo del BPS.
Desde la Asociación sostienen que un mayor reparto perjudica al ahorro individual, donde además se hace un enorme hincapié en la comparación con otros países, argumentándose un carácter "contraintuitivo" y una reforma que solo atiende las necesidades financieras del BPS y las otras cajas. Además se calificó el proceso como "dificultoso", donde se pone en tela de juicio la capacidad del Estado a futuro de asumir dichas erogaciones, a causa de un posible resultado fiscal negativo hacia 2050.
Es el artículo 108 una de las principales controversias para las AFAP privadas, el cual crea un sistema de información integral sobre la seguridad social. El pedido realizado al respecto es que las AFAP sean consideradas dentro del mismo, no solo obligadas a remitir los datos de sus afiliados, sino también contando con acceso a la información (que actualmente no está contemplado) con el objetivo de brindar asesoramiento, según se argumentó.
En este sentido, el texto del artículo hasta ahora plantea: “Todas las instituciones involucradas tienen el deber de colaboración en la conformación y mantenimiento del Sistema de Información de Protección Social. Las entidades públicas de seguridad social tendrán acceso a la información registrada de sus afiliados en lo que fuere pertinente para el cumplimiento de sus cometidos legales”.
Otro descontento para las AFAP privadas es el tope a las comisiones que pueden cobrar. El cambio que el proyecto propone al respecto es un tope que puede superar en hasta 20% el promedio de las comisiones que cobran todas las AFAP, ponderadas por el volumen del fondo que administran, lo cual difiere de la actual disposición (2018) donde se les permite cobrar hasta 50% más respecto a la menor comisión del mercado (estatal República).
El argumento de las AFAP privadas para justificar la oposición, tanto a la ley de 2018 como a la nueva propuesta, es el "condicionamiento a la definición de República", que funciona como benchmark en el mercado. En este sentido, la fórmula que planteó Anafap en la comisión del Senado es “un promedio simple” de lo que cobran las AFAP “con un umbral de 10%”, que sostienen igual al tope pautado en el proyecto, pero “evita la concentración” del mercado en República AFAP.