16° Buenos Aires La Cámara Alta se reúne para tratar la inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con fondos litigantes, en medio de cruces internos en LLA por el retiro del pliego de Verónica Michelli.
El Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves desde las 11 con una agenda acotada, pero políticamente sensible para el oficialismo. El pleno de la Cámara alta buscará aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo transaccional con dos fondos litigantes que implica el desembolso de 171 millones de dólares por parte del Estado argentino.
La sesión se desarrollará en un contexto incómodo para La Libertad Avanza, que llega al recinto sin una estrategia clara para responder a los cuestionamientos surgidos tras la decisión del Gobierno de avanzar con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La polémica escaló en los últimos días y generó diferencias internas que incluso derivaron en la puesta a disposición de una renuncia dentro del bloque oficialista.
Uno de los proyectos centrales de la jornada será el acuerdo con dos holdouts, que busca cerrar litigios pendientes mediante una compensación económica. Según el texto que analizarán los senadores, el Estado argentino cancelará los pasivos en disputa mediante un pago de 67 millones de dólares a uno de los acreedores y otros 104 millones al segundo, completando así una erogación total de 171 millones de dólares.
La iniciativa cuenta con respaldo de distintos sectores que consideran conveniente poner fin a controversias judiciales de larga data, aunque también despierta reparos por el monto que deberá afrontar el Tesoro nacional.
El otro expediente relevante es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, una propuesta que sufrió modificaciones significativas durante su paso por las comisiones y las negociaciones parlamentarias.
Entre los cambios más importantes figura la eliminación completa del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), uno de los puntos que había generado mayor resistencia entre organizaciones sociales y bloques opositores. También se introdujeron modificaciones en el régimen de desalojos, atenuando aspectos que inicialmente habilitaban procedimientos más expeditivos.