El Senado debatirá este jueves desde las 14 el proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", en una sesión que llega precedida por un revés para el Gobierno. A pocas horas del tratamiento, La Libertad Avanza retiró del dictamen el artículo que proponía elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros, al admitir que no contaba con los votos suficientes para aprobarlo.
La decisión también respondió al creciente rechazo que había despertado la iniciativa entre organizaciones sociales, ambientales, rurales y sectores de la oposición, que de todos modos mantendrán la movilización convocada para este jueves frente al Congreso.
Con la eliminación de ese capítulo, el oficialismo buscará avanzar con el resto del proyecto, que mantiene modificaciones al régimen de desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y otras normas vinculadas a la protección de la propiedad privada.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego
Uno de los puntos centrales de la iniciativa modifica la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las restricciones temporales que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales, aunque conserva la obligación de llevar adelante tareas de restauración ambiental.
En la práctica, la reforma deroga la prohibición que impedía durante 30 años destinar esas tierras a emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias u otros cambios de uso del suelo. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es revertir las modificaciones incorporadas durante la gestión de Alberto Fernández.
La propuesta generó fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, que advierten que la eliminación de esas restricciones podría favorecer la especulación inmobiliaria o productiva sobre zonas incendiadas.
Reforma del régimen de desalojos
El proyecto también introduce cambios en el Código Civil y Comercial para agilizar los procesos de desalojo.
La iniciativa amplía la legitimación para iniciar estas acciones, al habilitar que cualquier persona que acredite un derecho o un interés legítimo afectado pueda promover el proceso judicial.
Además, faculta a los jueces a ordenar la restitución inmediata del inmueble cuando consideren verosímil el derecho invocado. En los casos en que habiten menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, se establece un plazo de hasta diez días para procurar una solución habitacional antes de concretar el desalojo.
Con el retiro del capítulo referido a la Ley de Tierras, el oficialismo buscará concentrar los apoyos para sancionar el resto de la reforma, mientras fuera del Congreso organizaciones sociales, ambientales y rurales anticipan una nueva jornada de protesta contra los cambios que aún permanecen en el proyecto.
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