El gobierno destinará alrededor de 40 millones de dólares para la construcción de las obras anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou para contribuir a paliar la crisis del agua devenida en emergencia hídrica que se experimenta en Uruguay, en un contexto en el que el agua potable tiene los días contados en el zona metropolitana.
A Paso Severino le quedan menos de 10 días de reservas y, de no presentarse lluvias en cantidad en los próximos días, es posible que el agua distribuida por la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE) en los departamentos metropolitanos no sea bebible por un lapso de tiempo por los niveles extremadamente altos de sodio y cloruros. Las expresiones son del director de la empresa estatal en representación del Frente Amplio (FA), Edgardo Ortuño, y del mismo Lacalle Pou.
Mientras el gobierno intenta “manejar lo mejor posible las reservas” que siguen bajando —Paso Severino se encuentra por debajo del 2,5% de su capacidad—, el presidente comunicó que se está “haciendo una obra que va a llevar 30 días”, la cual consisten en la construcción de un embalse en el río San José, más una serie de cañerías de 13 kilómetros y medio que llevará agua hasta Belastiquí para luego abastecer a la planta de Aguas Corrientes.
Las tuberías para esta obra —importadas desde Brasil y Argentina— costaron 20 millones de dólares; mientras que la obra en sí tiene un valor de 14.936 dólares, sumando en total casi 35 millones de dólares, según datos publicados por la diaria. Si se suma lo invertido para construir la represa de emergencia en Belastiquí —un total de 1.841.000 dólares—, la cifra destinada por el gobierno para infraestructura en relación a la crisis del agua es de casi 37 millones de dólares.
Sobre este monto se estima una inversión de 12 millones de dólares mensuales, destinada a medidas para la población más vulnerable, en un contexto de no accesibilidad al agua potable y segura. Todavía no se conocen las cifras que se invertirán en el Fondo de Emergencia Hídrica.
El total de los gastos se acerca apenas a la mitad de lo que habría costado la represa de Casupá —80 millones de dólares—, obra que muchos señalan como la que hubiera sido la respuesta necesaria para enfrentar el escenario crítico a nivel hídrico y que el gobierno desestimó en función de priorizar el Proyecto Arazatí.
Más allá de los elevados costos que la crisis del agua está teniendo para el Estado uruguayo, el mayor problema es que estas obras deberán ser destruidas una vez pasada la sequía. “Son de tierra, sin enroscado ni material que lo haga duradero”, señaló Ortuño, quien tampoco cree que lleguen a estar listas en 30 días, como señaló el presidente.
Si bien se “insiste en que la solución de fondo es Arazatí, no lo es, porque la planta que abastece en un 100% al área metropolitana es Aguas Corrientes, en tanto que Arazatí es una tercera parte de Aguas Corrientes”. A entender de Ortuño, “si vivimos de nuevo una situación como la actual, en la que Aguas Corrientes se quede sin agua dulce, no tendrá capacidad de dar agua potable a la población”, es decir, “habría prolongado las reservas pero no habría prevenido la situación de desabastecimiento”.
Para el director de OSE, “la situación actual es consecuencia de la situación climática”, pero también “de decisiones políticas equivocadas y de una gestión de la crisis con medidas tardías e insuficientes”, con un “error estratégico” que fue “interrumpir Casupá”.