La Cámara de Diputados votó de forma unánime el proyecto que busca la reforma de las jubilaciones y las pensiones de la Caja Bancaria, pasará al Senado a la espera de su aprobación definitiva; en tanto, todavía sigue la discusión sobre la Caja de Profesionales.
La reforma fue enviada al Parlamento por el Poder Ejecutivo a finales del mes de setiembre, luego de llegar a un acuerdo entre las instituciones bancarias, el sindicato de empleados bancarios y el gobierno. En concreto, el proyecto ingresó a Diputados el 18 de este mes con carácter de “grave y urgente” y pasará luego al Senado para su votación definitiva.
¿Qué propone el rescate de la Caja Bancaria?
Tal y como ya había sido adelantado en diferentes instancias, el proyecto acordado entre el gobierno, los bancos y el sindicato implica el aporte en partes iguales de todos los protagonistas. Es decir, lo que se llamó una salida conjunta.
Por un lado, la propuesta implica un cambio en las condiciones para jubilarse —se elevará de forma progresiva la edad de retiro a 65 años y se aplicará una prestación “pecuniaria de un 4%”—, así como una contribución de los jubilados por la ley de 2008; por otro, un aumento de la Prestación Complementaria Patronal (PCP) que pagan los bancos por cada trabajador y una “contribución adicional temporaria”; y, finalmente, una emisión de deuda con garantía del Estado por hasta 400 millones de dólares —emisión de un bono por un monto total máximo de 2.625 millones de Unidades Indexadas (UI) a través de título de deuda pública o mediante préstamos con organismos multilaterales.
En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo advirtió que el déficit operativo de la caja llevará a que sus reservas financieras se agoten este año, y la situación de números rojos se extenderá “por más de una década”.
“Entre los últimos meses de 2023 y el año 2035 la proyección utilizada como referencia para el diseño de las medidas indica un déficit acumulado que, llevado a dólares del año 2023, se ubica en 994 millones de dólares. El ritmo del déficit en los primeros años es más intenso. En particular entre 2024 y 2030 son necesarios más de 100 millones de dólares anuales para poder cumplir con las obligaciones de la caja”, sostiene la argumentación presentada por el gobierno.
El aporte directo de los bancos durante los primeros años, así como la contribución de pasivos jubilados por la ley de 2008 encuentra motivos en que las medidas de adecuación de parámetros propuestas tendrían un impacto financiero tardío. Según el Poder Ejecutivo, las estimaciones indican que el endeudamiento contemplado se podrá cancelar entre 2040 y 2043.
El proyecto por la Caja de Profesionales sigue en discusión
En tanto, la iniciativa por la reforma de la Caja de Profesionales sigue bajo discusión. El diputado por el Frente Amplio, Gabriel Otero, adelantó que el oficialismo se encuentra en “plena discusión y en busca de acuerdos” dentro del Parlamento.
El proyecto de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) propone una asistencia económica para la institución, como la creación de una contribución a cargo de jubilados y pensionistas a favor de la Caja; así como un aumento en la tasa de aportación de los activos del 16,5% al 19% del sueldo ficto de la categoría correspondiente.
En tanto, quienes declaren no ejercicio deberá abonar en concepto de gastos de administración y fiscalización un monto dispuesto por reglamento, cuyo máximo no podrá exceder el sueldo ficto de segunda categoría según la escala actual, unos 51.761 pesos; y de quinta categoría según la nueva escala propuesta, unos 56.641 pesos.
El texto también indica que la Caja de Profesionales podrá requerir información al Banco de Previsión Social (BPS), a la Dirección General Impositiva (DGI) y otros organismos públicos sobre sus afiliados y empresas contribuyentes, sin que deba tener el consentimiento previo de los titulares de los datos para ello.
Por último, el proyecto de rescate para la Cjppu propone que el cálculo de las jubilaciones se obtenga del promedio mensual de los sueldos fictos que correspondan a los últimos 18 años de actividad, y ya no los tres años previos.