El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) propuso implementar un régimen de importación de pollo trozado desde Brasil con un límite mensual para intentar solucionar el conflicto con el sector avícola de Uruguay.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) propuso implementar un régimen de importación de pollo trozado desde Brasil con un límite mensual para intentar solucionar el conflicto con el sector avícola de Uruguay.
La propuesta fue presentada en tres reuniones de las que participaron el ministro Fernando Mattos y el subsecretario Ignacio Buffa junto con el director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, y el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), Conrado Ferber. Los encuentros se llevaron a cabo con representantes de Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (Cupra), con las empresas importadoras y con integrantes de la recientemente creada Coordinadora para la Defensa de la Cadena Avícola.
Las sensaciones luego de la reunión fueron positivas, y desde el sector avícola destacaron la voluntad del ministerio por encontrar una solución que permita sostener el crecimiento del rubro local sin detener la apertura de mercados.
Asimismo, queda por definir los mecanismos que protejan a la cadena avícola nacional, con la iniciativa de acotar el volumen de importaciones a la cabeza. En este sentido, fazoneros, distribuidores e industrias coinciden en que no se pueden permitir las cantidades que se registraron durante el segundo semestre del año en tanto pondría en peligro todo el trabajo realizado ya que no permite la necesaria planificación que el ciclo productivo avícola requiere y no es posible proyectar inversiones ni mantener los niveles de empleo en el sector.
La cuestión de los permisos de importación ha sido un tema caliente desde que a principios de año dejó de regir el límite para el ingreso de carne aviar —pollo entero— desde Argentina y Brasil. En ese entonces, las cuotas mensuales eran de 60 y 120 toneladas, respectivamente. Frente a esta modificación que resultó en mayor fluidez de solicitud y otorgamiento de permisos, los fazoneros, distribuidores e industrias locales comenzaron a elevar sus reclamos, cuyo punto cúspide se alcanzó con la camionada de protesta a inicios de noviembre.
Del mismo modo, senadores del Frente Amplio presentaron un proyecto de minuta de comunicación en el que solicitaron al Poder Ejecutivo que se volviera a poner en vigencia los convenios entre las cámaras empresariales que establecían las cuotas máximas de toneladas importadas desde los países vecinos, en tanto la libre importación pone en riesgo la actividad avícola local en lugar de controlar la inflación, como argumentaron en su momento desde el gobierno.
El desenlace provisorio que decidió el MGAP fue suspender la entrega de permisos luego de una serie de reclamos, reuniones y hasta una asamblea avícola —si bien, hasta enero, el ingreso de pollo trozado al país continuará debido a la vigencia de uso de los permisos por 60 días. Sin embargo, la medida no fue suficiente, para calmar las aguas ya que desde el sector avícola advirtieron sobre otra camionada, esta vez con destino a la Torre Ejecutiva y no la sede ministerial, en caso de que se vuelvan a otorgar permisos de importación.