Lacalle Pou señaló que la reforma del PIT-CNT y apoyada por sectores del Frente Amplio no tiene "efecto electoral positivo para los impulsores" mas sí un "efecto negativo para el amparo nacional".
El presidente Luis Lacalle Pou se refirió una vez más a la cuestión de la seguridad social en Uruguay y, particularmente, al plebiscito contra la reforma llevado adelante por el PIT-CNT, junto con organizaciones sociales y sectores del Frente Amplio. Según expresó el mandatario, “es una jugada de alto riesgo político” convocar a la instancia electoral para definir el futuro del sistema jubilatorio en el país.
Las críticas al plebiscito contra la reforma de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT, no son novedosas y ya poco distinguen de colores políticos, independientemente también de su postura sobre la Ley 20.130. Y, recientemente, el presidente Lacalle Pou también se ha sumado a ellas.
“No me corresponde la arena política, pero hay que dar certidumbres, porque el futuro de las jubilaciones está en juego. ¿Qué se va a hacer con la jubilación de los uruguayos”, expresó el pasado 2 de marzo durante su discurso anual ante la Asamblea General.
Esta mañana, en el marco de su comparecencia en Desayunos Búsqueda, el mandatario volvió a mencionar el tema, y señaló que no cree que el plebiscito "tenga efecto electoral positivo para los impulsores", y en cambio "tiene un efecto negativo para el amparo nacional". En ese sentido, aseguró que la iniciativa de la central sindical, apoyada tanto por el Partido Comunista y el Partido Socialista que integran el Frente Amplio —y firmado tanto por Carolina Cosse como por Andrés Lima, ambos precandidatos de la coalición de izquierda—, "es una jugada de altísimo riesgo político".
"¿Qué va a pasar con las AFAP? ¿Qué va a pasar con el dinero de la gente en las AFAP? ¿Qué va a pasar con la edad de jubilación? ¿Qué va a pasar con los 1.400 jubilados que hoy están trabajando gracias a que se pueden jubilar y trabajar? ¿Vamos a derogar la ley? ¿No hay más ley?", preguntó el presidente ante un auditorio en el que estaban, entre otros, los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti.
Aprovechando la presencia del expresidente frenteamplista, Lacalle Pou también recordó que, si bien la reforma se aprobó con los votos de la coalición de gobierno, “todos” —en referencia al oficialismo y a la oposición— coincidieron en que “era urgente una reforma de la seguridad social”. Incluso “el presidente Mujica fue cortante, a contramano de lo que venía opinando su partido, diciendo que había que subir la edad de jubilación", apuntó.
“El costo político lo paga el que genera incertidumbre y no el que genera certezas, en este caso el que hizo la reforma de la seguridad social", concluyó sobre el tema.
La eventual aprobación del plebiscito contra la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT —para el cual sigue juntando las firmas necesarias— traería "al menos diez consecuencias negativas" para la economía uruguaya, según alertó el director ejecutivo del Centro de Estudios para la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo.
El economista cuestionó por medio de su cuenta de X (exTwitter) que una aprobación del texto dejaría sin validez las reformas de 1996 y 2023, “con reconocimiento global”, mientras llamó a observar “el espejo argentino del kirchnerismo”, que en 2008 avanzó con un modelo similar.
Incluso, calificó a la iniciativa como “tan populista como retrógrada” y cuestionó que suma “argumentos emotivos de interés inmediato, que chocan con el día después”. Por eso, pidió “evitar la tentación populista” de firmar la papeleta.
Entre las primeras consecuencias negativas de la reforma constitucional en materia de seguridad social perseguida por la central sindical, apuntó a la suba del gasto por mayores pasividades y la necesidad de 1.100 millones de dólares extra por año para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional —equivalentes a un 1,5% del PBI—; así como por bajar la edad de retiro a los 60 años, que significaría un incremento de otros 3.000 millones de dólares.
Munyo también hizo referencia a los potenciales juicios al Estado por la confiscación de los ahorros administrados por las AFAP; a la eventual suba de impuestos para solventar los costos extra —que traería "serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro de la economía”—; y a la consecuente pérdida del grado inversor junto con la seguridad jurídica que caracteriza al país.
El director de Ceres señaló, asimismo, que la aprobación del plebiscito generaría una reducción del ahorro privado, debido a la prohibición. Algo que, en paralelo, representaría efectos regresivos en la distribución del ingreso. La propuesta del PIT-CNT reintroduce, además "inequidades" al sistema.