La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay realizaron un paro hoy entre las 13 y las 15 en reclamo por el artículo del proyecto de ley de Rendición de Cuentas que inhibe el ejercicio como abogado tras el cese en fiscalías. Además, denunciará ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que dicha iniciativa es un “hostigamiento” por parte de algunos legisladores desde el Parlamento.
El conflicto con los fiscales sigue en aumento luego de que la Asociación se declarara en conflicto el miércoles, en rechazo al polémico artículo de la Rendición de Cuentas que obtuvo su aprobación en el pleno del Senado —y ahora deberá tener el visto bueno de la Cámara Baja ante las modificaciones.
Por eso mismo, el gremio de fiscales de Uruguay decidió “recrudecer” las medidas de fuerza adoptadas, y desde hoy solo atenderán temas de flagrancia. Igualmente, entre las 13 y las 15 detuvieron todas las actividades por completo, en paro.
El presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, sostuvo que "en base a los nuevos episodios de acusaciones generalizadas en contra de los fiscales proferidas en el Parlamento por un senador, en razón de que se mantuvo la aprobación de este artículo de inhibición que no tiene razones de interés general expuestas sino que refiere a rencillas referidas al anterior fiscal de Corte que no tienen que ver con el colectivo de fiscales y en razón de que las reivindicaciones del gremio siguen sin acogerse, resolvimos por unanimidad, recrudecer las medidas de no atención a abogados y a partir de este viernes solo atenderemos la Flagrancia (esto es lo urgente e impostergable)".
En paralelo, “y en lo que refiere a los permanentes hostigamientos”, Rosa explicó en diálogo con subrayado que “haremos un racconto que procuraremos presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en procura de exponer la situación de acoso que vive nuestra institución".
¿Qué reclaman los fiscales?
El malestar de los fiscales fue en aumento tras conocerse que el artículo 630 incluido en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas establece la inhibición de estos funcionarios del Poder Judicial para ejercer la abogacía en el ámbito privado —y en material penal— por tres años luego de su cese.
Luego de varios reclamos sin que parecieran llegar a una respuesta satisfactoria, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay decidió entrar en asamblea permanente y recurrir a las medidas de fuerza para impulsar una plataforma de reivindicaciones cuyo primer punto es la no aprobación del polémico artículo.
"Que se solucione la inadecuación entre los salarios fiscales y jueces, legalmente equiparados, que fue generada por el propio parlamento en 2022" y que se "provea recursos suficientes para el fortalecimiento institucional y el efectivo cumplimiento de los cometidos asignados a la Fiscalía", son el resto de los reclamos de la gremial, algunos de los cuales realizan desde hace años, junto con la equiparación salarial entre fiscales adjuntos y adscritos.
