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Se viene una semana clave donde el Banco Central definirá si baja o no la tasa de interés.
Foto: BCUEs una semana de definiciones importantes en el plano macroeconómico. Se conocerá el dato de inflación y pocas horas después el Banco Central definirá si baja o no la tasa de interés, como ya muchos sectores reclaman para aliviar el atraso cambiario.
La inflación también es clave para ver cómo evoluciona el salario real, cuando se ha lanzado la última ronda de negociaciones en los Consejos de Salarios de este período, en la cual el gobierno se ha planteado como objetivo recuperar totalmente los salarios a los niveles pre pandemia.
Pero el capítulo que aparece especialmente difícil es el frente fiscal: la actual administración ha tenido como uno de sus planteos centrales reequilibrar las cuentas públicas, luego de un período en el que el déficit fiscal había ido subiendo, en los años previos a la pandemia.
En efecto, durante la última administración del presidente Vázquez, mientras la economía crecía realmente muy poco, el déficit fiscal iba aumentando hasta llegar a niveles poco sostenibles (gráfica). Recordemos que el aumento persistente del déficit fiscal asociado a una economía con poco crecimiento genera un aumento insostenible del endeudamiento, con un aumento de la relación deuda/PIB que hace difícil el repago.
Cuando el nuevo gobierno se aprestaba a desplegar su agenda irrumpió la pandemia, que obligó a erogaciones excepcionales para contener los impactos sociales más dañinos de la crisis sanitaria. Hay que destacar que -más allá de cuál sea el gobierno de turno- el Estado uruguayo tiene mecanismos automáticos de protección social, como el seguro de desempleo y otros, que hacen que los gastos se desplieguen automáticamente cuando hay una circunstancia crítica como la que se vivió en el año 2020.
Agregado a eso, el Ministerio de Economía creó el Fondo Covid como estructura contable para “encapsular” (al decir de la ministra Arbeleche) los gastos excepcionales que debían hacerse, gasto que –como era el objetivo- fueron luego culminando.
Todo esto llevó el déficit fiscal a niveles máximos históricos, lo cual era esperable. Aun así el objetivo político del gobierno de encuadrar mejor las cuentas del Estado tuvo un avance sustancial con la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que incluyó una Regla Fiscal con tres pilares: una meta de resultado fiscal estructural, un tope al aumento real del gasto y un tope al aumento del endeudamiento en dólares. Esto limita la capacidad del gobierno de endeudarse y –en consecuencia- impone límites de gasto.
Pero la realidad no ha dado tregua: ya superada la pandemia irrumpió el pico global de inflación (acentuado por la guerra en Ucrania) y pocos meses después se instaló una seca histórica que golpeó profundamente a la agricultura y otros sectores productivos. A esto hay que agregar el impacto de la propia crisis del agua corriente en la zona metropolitana, cuya dimensión es todavía difícil de calibrar. De tal manera que el gobierno, en el proyecto de Rendición de Cuentas que envió recientemente al Parlamento, redujo la proyección de crecimiento para este año del 2,0% al 1,3%.
Las dificultades se incrementan por la rigidez de los gastos estructurales del Estado uruguayo, a lo que se suman las permanentes demandas de gastos agregados a nivel político: no hay en Uruguay una parte significativa del abanico parlamentario que bregue por una reducción contundente de gastos; todos los partidos -en mayor o menor medida- terminan planteando demandas al Presupuesto, incluso compitiendo políticamente por mostrarlo.
En este contexto, el déficit fiscal que había logrado reducirse en los meses post pandemia y en el marco de la recuperación de la economía, ahora están aumentando y llegó a un preocupante 3,8% en el año móvil a mayo. La proyección del gobierno es que el déficit cierre 2023 en el 3,3%, lo cual parece difícil a no ser que haya una recuperación económica robusta con consecuente aumento de la recaudación en el segundo semestre.
El gobierno no tiene una meta de déficit fiscal nominal y sí de déficit estructural, tal cual está establecido en la regla fiscal de la LUC. En cualquier caso, la situación fiscal es incómoda, en particular si se tiene en cuenta que estamos llegando al último año del período de gestión, en el que habitualmente aumenta los gastos.
Uruguay tiene grado inversor y una posición financiera destacada en la región. Veremos si las decisiones políticas están a la altura de esa calificación.