La Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este viernes el Plan Anual de Regulación 2023, en donde se delimitan los proyectos en los que se buscará renovar antes de diciembre todos los sectores alcanzados por la regulación de la entidad.
El plan anual se inserta, a su vez, dentro de la Estrategia y Plan de Acción 2020-2028 de la SSF, con el propósito de señalar el rumbo a corto y mediano plazo en cuanto al control ejercido por parte del BCU, aportar predictibilidad a la industria e involucrar a otros actores en el diseño de los cambios.
Uno por uno, todos los proyectos para el sector financiero en 2023
La SSF debe velar por un sistema financiero “sólido, moderno, competitivo, eficiente y accesible para los usuarios”. En función de ellos, los cambios que se proyectan para este año y sus respectivas áreas de implementación son los siguientes.
Todos los mercados
- Realizar ajustes normativos para mejorar la eficiencia en los procesos de Autorizaciones, algo que buscará reducir los plazos y mejorar la eficiencia de estos procesos. Se espera que la emisión de la nueva normativa se produzca antes del cuarto trimestre.
- Establecer mecanismos para la fijación de precios de mercado en el caso de participaciones significativas en instrumentos de oferta pública. Así, se intentará establecer una “adecuada valuación” en ofertas públicas que carezcan de valor de mercado. En el tercer trimestre se realizará una consulta pública y se espera que se concrete la medida a finales de año.
Instituciones de intermediación financiera
- En cuanto al método estándar revisado de riesgo de crédito, se harán modificaciones al requerimiento de capital por riesgo de crédito y, de esa manera, se buscará adecuar la regulación al estándar internacional de Basilea III. En el cuarto trimestre habrá una consulta pública.
- Para mejorar la oportunidad y calidad de la información de conjuntos económicos, habrá cambios en las instrucciones para proceder a las altas y bajas de conjuntos económicos a la Central de Riesgos y emisión de una guía para determinar control o influencia significativa. Se prevé concretarse a finales de año.
Bancos e instituciones financieras no bancarias
- Se revisarán las disposiciones del Anexo 1 de la Hoja de Ruta Norma de Deterioro NIIF 9 y de los porcentajes de provisionamiento por categoría de riesgo dispuestos en el Anexo 2 del Marco Contable. En este punto, también se buscará alinear la normativa a los estándares internacionales, algo que se espera concretar en la segunda mitad del año.
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Adecuación del Marco Contable: se revisará e la normativa en materia de reestructuración de operaciones de crédito. Se buscará contemplar “situaciones que ameritarían la exposición de la reestructuración como vigente y un período de cura para las reestructuraciones que no se expongan como vigentes”. En el segundo trimestre habrá una consulta pública y entre abril, mayo y junio se emitirá la normativa.
- En cuanto a los seguros de cobertura de saldo deudor, el proyecto normativo ya está listo. Allí se revisa el cobro de compensaciones o comisiones por los seguros de cobertura de saldo deudor que las instituciones obligan a contratar a sus clientes, con el objetivo de fortalecer el marco normativo vinculado a la protección del usuario de servicios financieros.
- Se modificará la normativa referida al reporte de transacciones financieras. Así, se modernizará el formato del reporte y se evitará la repetición de datos proporcionados en otros reportes. En el segundo trimestre habrá una consulta pública y en el tercer trimestre se materializará la iniciativa.
- También se reestructurará el formulario de reporte de operaciones sospechosas. En concreto, se modificará la forma en que se presentan los ROS. En tanto, se customizará el documento para cada tipo de institución financiera, se sitematizará toda la información relevante y buscará minimizar los errores. Se prevé que se concrete en el tercer trimestre de 2023.
Mercado de valores
- Se procurará adecuar la normativa de emisiones simplificadas con la idea de incorporar un tramo no competitivo. La propuesta, que se espera que esté lista a finales de este año, tendrá como objetivo “fomentar la utilización del referido régimen como una alternativa a las fuentes tradicionales de financiamiento, logrando en consecuencia la dinamización del mercado de valores de oferta pública”.
