Los denunciantes del senador Gustavo Penadés declararán en la causa bajo extrema reserva y sus identidades no serán reveladas, con excepción de la militante del Partido Nacional, Romina Celeste, quien fue la primera en señalar el nacionalista como un presunto explotador sexual de menores.
Apenas se oficializó el desafuero de Penadés, la fiscal de Delitos Sexuales a cargo de la causa, Alicia Ghione, pidió que se cite de forma urgente a las víctimas y denunciantes para poder avanzar con la investigación. El objetivo es lograr las declaraciones en el juzgado lo antes posible —se estima que de acá a un mes se realizarían las audiencias— para, así, proteger la identidad de estas personas.
Con esta modalidad, las declaraciones serán en Cámara Gesell, para que la jueza de garantías Marcela Vargas escuche las declaraciones en vivo sin ver directamente a las víctimas que denunciaron a Penadés —recientemente elevadas a nueve. Asimismo, se buscará que incluso el edificio al que acuda la defensa de los acusados —el senador, por un lado, y el profesor Sebastián Mauvezín, señalado por ser el nexo con los menores, por el otro— sea distinto al utilizado para las audiencias reservadas, para reducir las posibilidades de que se encuentren.
La importancia de esta instancia de declaración radica en que, hasta el momento, lo declarado por las nueve víctimas ante la Fiscalía no tiene validez en un juicio; para ello, todo lo dicho debe ser ratificado frente a la jueza, algo que es posible recién desde el momento en que a Penadés se le quitaron los fueros parlamentarios.
A partir de las declaraciones de todas las personas involucradas, pueden darse tres alternativas: por un lado, que la investigación se archive o que, en caso contrario, se celebre un acuerdo abreviado entre las partes en caso de que Penadés asuma la culpa por los delitos de explotación sexual de menores a cambio de una condena con pena más baja —que puede ser de hasta un tercio de la pena establecida para este tipo de delitos.
La tercera opción es que el caso se eleve a juicio oral, donde las nueve víctimas deberán declarar nuevamente. Sin embargo, esto no suele ocurrir antes de que se cumpla un año de la imputación de la persona —en este caso, el senador nacionalista—; e incluso puede extenderse aún más el plazo si la fiscalía pide prórroga para investigar.
Debido a la importancia de las declaraciones de las víctimas en este tipo de causas, la fiscal Ghione pidió la declaración anticipada.