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El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou cerrará con sus ministros un año cargado de polémicas.
Los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay advirtieron al gobierno de Uruguay encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou que, de continuar con sus intenciones de pedir el ingreso al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), llevarán adelante acciones judiciales con el objetivo de evitar el incumplimiento de normas estructurales del Mercosur.
A un día de que Lacalle Pou envíe la carta de adhesión al TPP tal y como lo había anunciado el 18 de noviembre durante una reunión en Torre Ejecutiva, y mientras el canciller Francisco Bustillo se encuentra en una gira diplomática para negociar la incorporación de Uruguay al tratado de libre comercio entre países de América, el Este asiático y Oceanía; el tweet coordinado en el que se lee la nota conjunta de los gobiernos de Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Mario Benítez fue una mala noticia matutina para el gobierno local.
El comunicado es claro y conciso: ante las acciones de la administración de Lacalle Pou que buscan negociar de forma individual tratados que garanticen beneficios arancelarios y mayor competitividad en términos de comercio internacional —con el ejemplo máximo y más reciente del pedido de adhesión al TTP—, “los tres países se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídicos y comercial”.
La estrategia es inédita en los 30 años de existencia del Mercosur, y constituye el punto más crítico de una tensión que ya lleva un tiempo construyéndose en torno a las decisiones del gobierno uruguayo de comerciar por fuera del bloque regional.
Si bien las eventuales medidas judiciales no estaban en la mira, las rispideces al interior del bloque ya estaban contempladas por Lacalle Pou cuando anunció su intención de adherir al Acuerdo Transpacífico, en tanto continúa la línea de apertura comercial criticada por el Mercosur, desde donde plantean que la pacto regional impide negociar acuerdos por fuera del bloque.
Si bien desde el gobierno sostienen que no hay ningún estamento que lo prohíba, y que las acciones individuales son consecuencia de lo que considera una inacción regional en términos de “abrirse al mundo”, tanto Argentina como Paraguay señalan que los estados firmantes del Protocolo Ouro Preto —la carta orgánica en la constitución del Mercosur, en 1994— se comprometieron a delegar en el bloque la toma de decisiones vinculadas a la administración y a la aplicación del arancel externo común.
En ese sentido, el Mercosur tiene entre sus funciones la de negociar y firmar acuerdos con terceros países, grupos de países y organismos internacionales”, según el inciso 4 del artículo 8 del documento adicional al Tratado de Asunción —donde se creó el bloque años antes. Por lo que la iniciativa uruguaya de incorporarse al TPP vulnera la posibilidad de consolidar la Unión Aduanera y un mercado común regional.
Pero los problemas con el Mercosur no son los únicos que se avecinan en el horizonte político y comercial de Lacalle Pou, sino que la adhesión al Acuerdo Transpacífico puede ser también un frente de batalla con China, en cuanto a la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC).
El motivo principal estaría en que, si bien Estados Unidos ya no forma parte del Tratado de Cooperación Económica, y, actualmente, el acuerdo liderado por Nueva Zelanda y Australia es más abierto, el mismo fue creado como una respuesta comercial a la expansión económica china