23° Buenos Aires La fiscal Gabriela Fossati denunció a FFOSE.
Sindicatos alertan por la judicialización de la protesta social en Uruguay.
Foto: @fedekfEl PIT-CNT rechazó la decisión de la fiscal Gabriela Fossati de imputar al presidente del sindicato de la Administración Nacional de Obras Sanitarias del Estado (OSE), Federico Kreimerman, por el delito de “atentado”. Desde la central gremial entienden que es un paso hacia la judicialización de la protesta en Uruguay.
Hace dos meses, a mediados de junio y mientras OSE habría los sobres de la licitación del Proyecto Arazatí —también conocido como Neptuno—, afuera del edificio FFOSE realizaba una manifestación en rechazo en contra de la iniciativa que implica la construcción de una nueva planta de agua potable. Durante la protesta, Kreimerman encendió una bomba de humo dentro del edificio central.
Este motivo es por el cual la fiscal Fossati lo imputó ayer por un delito de atentado especialmente agravado, que puede tener una pena de tres meses a tres años de prisión. Según la magistrada, “si bien el episodio se produjo en el contexto de una movilización, hubo un exceso con la intención de obstaculizar el acto licitatorio (del Proyecto Neptuno) que se estaba llevando adelante”.
Ante esta situación, el PIT-CNT emitió un comunicado en el cual expresó su “profunda preocupación y rechazo” a la decisión de Fossati, en tanto entiende como “muy negativa y peligrosa la judicialización de la protesta social”. Asimismo, consideró que “no puede calificarse de ‘atentado’ una acción que no puso en peligro a ninguna persona ni causó daño patrimonial a la empresa pública”; un argumento que también esgrimió Kreimerman durante su defensa.
En el comunicado, la central sindical también llamó a las “autoridades pertinentes a garantizar un proceso legal debidamente justo y transparente, en el cual se tomen en cuenta las circunstancias y el contexto real en el que se realizó la acción, que de ningún modo puede ser calificada de tal forma”.
Por su parte, el sindicato de OSE —que encabeza Kreimerman—, también a través de un comunicado, reafirmó que toda la situación, “muy lejos” de amedrentarlos, por ser “ataques a las libertades sindicales” los “fortalece”. “Nos seguirán encontrando en defensa de las empresas públicas y a favor de la población”, señaló.
En la misma línea, advirtieron que el hecho de que la imputación contra el presidente de FFOSE se conociera el mismo día que la empresa estatal adjudicó el Proyecto Arazatí, fue una “clara maniobra”.
En tanto, el abogado penalista Juan Fagúndez, representante legal de Kreimerman, consideró que “no hubo delito” en el accionar, y que la situación es un “ataque a la actividad sindical en el ámbito público”.
También cuestionó cómo se “estructuró” la denuncia por parte del directorio de OSE, ya que “da mucho que hablar”. Acusó a la empresa pública de proveer las grabaciones de las cámaras de seguridad, que después se emitieron en un programa de televisión en Canal 4, y a las que después “se remite en la denuncia” como “prueba de lo sucedido”.
Y añadió: “Esa situación nos habla de otro lugar donde se debate” el tema que “escapa a la comisión de un delito y tiene más que ver con intereses políticos”. Para el defensor del presidente de OSE, hay “sindicalización del derecho penal o penalización de la protesta sindical, como quieran llamarle”.