El crecimiento de la población mundial se desacelera y eso, para el Fondo Monetario Internacional (FMI), será también un factor de menor crecimiento de las economías para los próximos años. El envejecimiento poblacional y los cambios demográficos obligan a adaptar la fuerza laboral a estos cambios: incentivar la participación laboral dando cuenta de una mayor expectativa de vida es uno de los puntos en los cuales Uruguay ya avanzó.
El FMI advirtió sobre los efectos en el crecimiento económico que traerán, en los próximos años, los cambios demográficos y la desaceleración evidente del crecimiento poblacional. Según los datos del organismo internacional, el aumento de la población bajará de alrededor del 1% por año durante las dos décadas previas a la pandemia a un 0,6% por año en los próximos cinco años.
Esto conlleva a que el dividendo demográfico disminuya a medida que la población envejece y que el porcentaje de población activa llega a sus máximos. Es decir, las personas capaces de generar ingresos son cada vez menos, y la relación con el porcentaje de población que recibe haberes pasivos es cada vez más desigual. En consecuencia, los ingresos caen a la vez que las obligaciones jubilatorias aumentan.
Ante este escenario, el FMI considera necesario incentivar a la participación laboral a través de diferentes herramientas, y algunas de ellas apuntan hacia la población mayor, considerando también las mejores expectativas de vida. En ese sentido, postula el subir la edad jubilatoria así como la eliminación de los desincentivos al trabajo después de la jubilación y la adopción de políticas que faciliten el empleo de personas mayores de edad como medidas orientadas a apuntalar el crecimiento económico de los países en el nuevo contexto.
Uruguay ya avanzó en este sentido, pero puede retroceder
Uruguay ya se enfrenta al escenario advertido por el FMI: según el último Censo —realizado el año pasado—, el país atraviesa el comienzo de un proceso de decrecimiento de la población que se esperaba recién para el 2043, con apenas un 1% más personas que en 2011 y un 3,4% menos que las proyecciones del gobierno respecto de la cantidad de ciudadanos.
Esta situación —que terminó siendo más grave de lo pensado— fue una de las razones que llevó a impulsar la reforma de la seguridad social durante el primer cuatrimestre del 2023 y a implementar algunas de las medidas que el FMI recomendó recientemente. Entre ellas, la más destacada es el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años, entendiendo la iniciativa como indispensable para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional.
La eliminación de obstáculos para seguir participando laboralmente luego de la jubilación también se cumplió: desde el 1° de agosto, las personas pueden mantener su pasividad y continuar trabajando al mismo tiempo de manera legal, siempre y cuando busquen una nueva ocupación tras su retiro. Otra medida implementada fue la de incentivar con ingresos extra a quienes posterguen su jubilación por un mínimo de tres años.
Estos logros, pensados en función de una nueva estructura poblacional que, en Uruguay, se desarrolla más rápido por las características mismas de su composición demográfica, son algunos de los que corren riesgo en caso de que el PIT-CNT avance con su plebiscito, que pretende una reforma constitucional en materia previsional.
Al respecto, la central sindical entregará a la Corte Electoral el próximo sábado 27 el mínimo de 270.000 firmas recolectadas para habilitar la consulta popular que propone tres ejes principales: la edad jubilatoria en 60 años; la fijación de los haberes mínimos al salario mínimo nacional; y la eliminación de las AFAP, el ahorro voluntario y el lucro.
Es decir, en caso de avanzar y verse aprobada la propuesta, el sistema previsional uruguayo sufriría un retroceso importante y rígido, que iría en sentido contrario no solo de las recomendaciones del FMI, sino de las necesidades propias de la seguridad social del país para que ésta sea sostenible, tal y como advierten especialistas de todos los ámbitos.
