Un productor ganadero fue declarado culpable este jueves por un hecho de suma gravedad ecológica: la matanza de pingüinos en Punta Tombo, provincia de Chubut.
La condena de Ricardo La Regina se dará a conocer el próximo lunes tras una extensa investigación tras un hecho de suma gravedad ecológica.
Un productor ganadero fue declarado culpable este jueves por un hecho de suma gravedad ecológica: la matanza de pingüinos en Punta Tombo, provincia de Chubut.
Se trata de Ricardo La Regina. El tribunal judicial de Chubut busca marcar un precedente en la misma. “Esta resolución genera un antecedente judicial importante en el cuidado del medio ambiente”, plantearon desde la Justicia.
Los jueces del caso, Carlos Richieri, Eve Ponce y Laura Martini determinaron que La Regina "es autor penalmente responsable de daño agravado en concurso ideal con crueldad animal".
Desde el Ministerio Público Fiscal de Chubut señalaron que “se trata de un caso sin antecedentes que afectó el ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna en un sector que debía ser protegido”, advirtiendo la gravedad de la situación y que sin dudas la pena será la correspondiente.
La sentencia se dará a conocer el próximo lunes 11 de noviembre en una audiencia de censura.
El 28 de octubre pasado comenzó el juicio oral contra La Regina, quien fue acusado de daño agravado y crueldad animal por “la presunta muerte de numerosos pingüinos en la estancia Punta Clara, ubicada al norte de la reserva de Punta Tombo, durante el período entre agosto y diciembre de 2021”.
La investigación determinó que el productor empleó una retroexcavadora para construir un camino paralelo a la costa sin los permisos correspondientes, “lo que impactó negativamente en los nidos de pingüinos en plena época de reproducción”. A su vez, se le atribuye la instalación de un alambre electrificado, igualmente sin autorización, que “habría afectado el entorno de los pingüinos”, dañando de esta manera la fauna del sitio.
En el inicio del juicio, La Regina ofreció como propuesta reparatoria la donación de 500 hectáreas al Estado con el fin de que termine de ordenar el manejo del recurso pingüinos, entre ellas, la sesión de la llamada Punta Clara.
No obstante, la fiscal general Florencia Gómez y los dos querellantes se opusieron a la suspensión del juicio a prueba y a esta propuesta.
En los alegatos, la fiscal Gómez destacó que “los delitos cometidos quedaron acreditados, con los testimonios de profesionales y especialistas que se expresaron sobre el daño causado”.
Luego, subrayó que “la acción efectuada con una máquina retro excavadora produjo un desmonte de 2.049 metros cuadrados de flora y fauna, vegetación cuya propiedad no le corresponde al imputado, sino que al Estado, afectando en algunas partes zonas irrecuperables, además de nidos, huevos y pichos de pingüinos durante su etapa reproductiva”.
Por último, la fiscal concluyó: “Hubo un desprecio total por la biodiversidad del lugar, ya que entendió que el imputado era consciente de los daños que estaba ocasionando en procura de su objetivo económico que puso por encima del grave ambiental que ocasionó”.
Ante esta situación, el Tribunal de Chubut buscará aplicar una sanción ejemplar al acusado, con el fin de prevenir la repetición de incidentes similares y establecer un precedente a futuro.