El oficialismo consiguió este jueves aprobar la admisibilidad del pedido de ampliación de pruebas de los expedientes contra los magistrados de la Corte Suprema admitidos la semana pasada en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y también se acordó la convocatoria de la primera ronda de testigos para la próxima audiencia del Juicio a la Corte.
En ese sentido, quedó aprobada la citación para el jueves que viene de los jueces federales Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla, y del fiscal general porteño, Juan Ignacio Mahiques.
Ramos es el magistrado que archivó en tiempo récord una denuncia que se había presentado por los chats filtrados a finales de diciembre que exhibían cómo Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, le daba indicaciones al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
Por su parte, Ramos Padilla es el juez que se declaró incompetente para investigar la denuncia presentada por el gobernador Axel Kicillof contra Robles, y remitió las actuaciones a Comodoro Py, sin antes advertir que no hay pruebas para sostener que la filtración de los chats que motivaron esta denuncia hayan tenido origen en hechos de espionaje ilegal, como sostiene Juntos por el Cambio.
Juan Ignacio Mahiques fue citado para que de explicaciones sobre el festejo de cumpleaños que se celebró el 15 de agosto en el restaurante El Secreto del Hotel Four Seasons, al que D´Alessandro y Robles llegaron juntos.
Al haberse concluido la etapa preliminar del proceso de juicio político en la comisión homónima presidida por Carolina Gaillard, este jueves se inició la etapa de la investigación, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados por presunto mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones: el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los altos magistrados Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El primer orador en el debate fue el diputado macrista Pablo Tonelli, quien adelantó las objeciones a las pruebas y testigos propuestos por el Frente de Todos, según un cable de la agencia NA.
"Está claro que no es prueba destinada a probar el supuesto mal desempeño sino a otra cosa, o en todo caso a prolongar innecesariamente la investigación", apuntó, y acusó al oficialismo de montar "un show para exponer a los jueces de la Corte y a sus allegados".
"No solo se piden las llamadas hechas por los denunciados , sino que se pide con que números telefónicos se comunicaron y a quiénes pertenecen esos números telefónicos", criticó Tonelli, que consideró que esta decisión "viola el articulo 18 de la Constitución Nacional que protege las comunicaciones".
A su vez, afirmó que la comisión de Juicio Político "no tiene atribuciones ni facultades para requerir intercepciones telefónicas o entrecruzamiento de llamadas, nombres y titularidades de abonados que pudieron haberse comunicado con personas".
"Todo eso excede largamente las atribuciones de la comisión. Y si en ultima instancia fuera necesaria pedir esa prueba no queda más remedio que solicitarla por intermedio de un juez", explicó.
En ese sentido, agregó: "Nos vamos a oponer a la realización de cualquier prueba que tenga que la averiguación de llamadas, de números telefónicos, de mails y de todo lo que se parezca, y si el oficialismo impusiera su mayoría para producir esa prueba, que claramente no es necesaria, dejamos planteado que eso debe hacerse a través de un juez, quien en todo caso deberá velar por las garantías de los afectados".
En tanto, sostuvo que Robles y D´Alessandro "no pueden ser citados como testigos porque hay causales penales en curso que se están investigando sobre si esos supuestos chats, en caso de haber existido, constituyen un delito".
El diputado del PRO señaló que no pueden comparecer ante la comisión en este procedimiento de juicio político en la medida en que estén siendo investigados por la Justicia ordinaria, porque todo lo que fueran a decir podría ser utilizado en su contra. En ese sentido, advirtió que si se los cita, lo más probable es que se nieguen a declarar.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, advirtió que la producción de la prueba debe realizarse "con legalidad", por lo que pidió "un debate para definir los alcances de las facultades de investigación de esta comisión".
"Nosotros lo tenemos claro. Cualquier medida de prueba que restrinja un derecho constitucional ya sea la intimidad, privacidad, la propiedad, la libertad requiere la intervención de un juez porque es el único que va a poder garantizar que ese proceso se lleve a cabo custodiando la legalidad del proceso, y que no se avasallen ninguno de estos derechos de cualquier ciudadano", expresó el presidente del bloque de la Coalición Cívica.
Al respecto, precisó que desde la oposición van a exigir que se pida autorización a un juez para "interceptaciones de telecomunicaciones, correos electrónicos, whatsapp, telegram y otro tipo de prestadores de servicios de telefonía".
"Deberíamos tener una etapa de admisibilidad de la prueba y una discusión sobre nuestros propios alcances para producir prueba", insistió López.
En otro orden, el diputado de Juntos por el Cambio pidió ajustar los parámetros para la citación de testigos, ya que "hay personas que no son testigos ni son expertos" que son propuestos por el oficialismo y que "van a venir para desacreditar a la Corte".
Sobre el oficio de prueba solicitado por Rodolfo Tailhade para averiguar información sobre una reunión por el cumpleaños de Juan Ignacio Mahiques, el diputado opositor rechazó con énfasis esa medida.
"No sé quién se pondría más incómodo, si ustedes o nosotros con los invitados a ese cumpleaños, pero eso en materia penal es una excursión de pesca a la que no podemos embarcarnos. Probablemente solo encontremos relaciones que nos encantaría conocer y que algunos nos incomodará más que a otros, pero no lo podemos hacer", manifestó.